La gobernadora de Arizona Jan Brewer presentó el miércoles una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se revoque una determinación que mantiene a la espera la implementación de partes cruciales de la ley estatal de inmigración.

La apelación llegó en momentos en que Brewer enfrentaba una fecha límite para objetar una decisión de una corte de distrito que, entre otras cosas, prohibía a la policía poner en ejecución una exigencia de la ley, de preguntar el estatus de inmigración a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país tras haber sido detenida por cualquier otra razón no relacionada.

Brewer perdió su primera apelación en abril cuando un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó su solicitud de revocar la decisión. El máximo tribunal de la nación tiene la facultad de decidir si escucha su apelación.

Sus abogados pidieron a la corte que escuchara su apelación y argumentaron que Arizona es el estado más afectado por los problemas fronterizos del país y que la decisión de la corte del noveno circuito está en conflicto con precedentes de la Corte Suprema.

"Durante demasiado tiempo el gobierno federal ha mirado para otro lado mientras este problema se ha manifestado en la forma de casas de paso para indocumentados en nuestros barrios y de delitos en nuestras comunidades", señaló Brewer en un comunicado por escrito. "(La ley) fue la forma en que Arizona dice que ya no esperaremos pacientemente la actuación federal. Si el gobierno federal no aplica la ley, nosotros lo haremos", agregó.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato la solicitud de comentario al respecto por parte de la AP.

El gobierno federal, el cual demandó a Arizona en un intento de invalidar la ley, ha argumentado que ésta se inmiscuye en su autoridad exclusiva para regular la inmigración, hace estragos en las relaciones entre Estados Unidos y México, impide la cooperación entre funcionarios estatales y federales, y abruma a inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización.

Menos de un día antes de que entrara en vigor la ley en julio del 2010, la jueza federal de distrito Susan Bolton bloqueó cláusulas cruciales de la misma, incluido además un requerimiento de que los inmigrantes obtengan y porten documentos de registro.

Pero Bolton permitió otras partes, como una prohibición a obstruir el tráfico al buscar u ofrecer trabajos de jornaleros en las calles.