El gobierno del presidente Sebastián Piñera suspendió la vigilancia sobre las redes sociales tras la avalancha de críticas que despertó y después que el Consejo de Transparencia lo emplazó a aclarar si se vulneraba la protección de datos personales.

El programa de monitoreo fue contratado y usado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, cuando su titular era Ena von Baer, hoy designada senadora, pero su sucesor Andrés Chadwick decidió suspenderlo, informó el miércoles el periódico La Tercera, sin citar la fuente de su información. La suspensión del programa fue confirmada a la Associated Press por un funcionario de ese ministerio que pidió anonimato porque no está autorizado para hablar públicamente.

La economista y directora ejecutiva de Latinobarómetro, Marta Lagos, dijo a The Associated Press que probablemente el gobierno no sabe qué hacer con los datos que recogió, porque en el país no existe la sofisticación informática requerida para hacer un buen análisis de ellos.

El Ejecutivo licitó en abril un programa que le permitiera seguir lo que se dice en Facebook y Twitter, quiénes destacan como líderes de opinión, y hasta ubicar geográficamente al emisor de los comentarios, en menos de 15 minutos después de haberse enviado el comentario, según la publicidad de la empresa.

Cuando se conoció públicamente el monitoreo del gobierno, en junio, mediante una información de la agencia alemana de noticias DPA, el rechazo de los usuarios y de la oposición de centroizquierda fue generalizado. Las redes sociales ardieron por el descontento.

Lagos, que desde 1994 trabaja en estudios de opinión, dijo que "pretender monitorear las redes sociales requiere de una sofisticación informática y de un servicio de inteligencia que el país no tiene".

"Tiene todo el sentido del mundo el que no les haya resultado", agregó.

Dijo que para obtener información relevante de las redes sociales se requiere un procesamiento muy sofisticado".

"Seguramente al muy poco rato se dieron cuenta que están desbordados con información que no les sirve para nada", concluyó.

Cerca de la mitad de los 17 millones de chilenos posee una cuenta en Facebook, y aumenta rápidamente el uso de Twitter.

La responsable del seguimiento es la chilena Brandmetric, que ganó la licitación convocada por el gobierno para vigilar las redes sociales, a un costo cercano a los 30.000 anuales. Su gerente general, Sebastián Gumucio, dijo a radio Bío Bío, en una entrevista en junio, que no se esperaban la avalancha de críticas.

Agregó que sólo recopilan información que es de carácter público, que usan su programa, pero desconoce el destino que le dará el gobierno a la gran cantidad de datos que recopilan.

Brandmetric, en el mercado hace unos cinco años, ofrece también sus servicios a empresas que quieren saber qué opina el público sobre sus productos y marcas.

El uso de las redes sociales desempeñó un papel importante en la convocatoria a las marchas multitudinarias que los estudiantes secundarios y universitarios han realizado durante los dos últimos meses para exigir una educación de calidad y gratuita.

La fallida marcha estudiantil del jueves último, que carecía de permiso para usar la principal arteria capitalina, y que desató una represión pocas veces vista contra los jóvenes, culminó por la noche con un sonar de cacerolas en diversos puntos de la Santiago y en ciudades del interior.

El caceroleo fue convocado por la cuenta Twitter de Camila Vallejos, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera del movimiento estudiantil.

Vallejos también usó su Twitter para llamar a los cerca de 100.000 estudiantes que el martes se volvieron a manifestar, a culminar la marcha en paz y sin violencia. Aunque decenas de encapuchados protagonizaron violentos desmanes.

Pero una alta funcionaria del Ministerio de Cultura, Tatiana Acuña, usó su Twitter para supuestamente amenazar a Vallejos. Escribió: "Si se mata la perra, se acaba la leva", una conocida frase que fue utilizada el 11 de septiembre de 1973 por el dictador Augusto Pinochet, en alusión al presidente Salvador Allende y sus seguidores. Allende fue derrocado y se suicidó.

La Corte de Apelaciones acogió en la víspera un recurso de protección en favor de la dirigente estudiantil, presentado por sus padres, y le pidió a Acuña informar sobre sus palabras. Le dio 48 horas de plazo.

Chile es uno más de los países en los que se usan las redes sociales para convocar a manifestaciones. En los levantamientos de enero y febrero en Egipto, Túnez y Libia, el papel de ellas fue vital. Más recientemente fueron utilizadas por el movimiento de los "Indignados", en España. La conexión a los celulares permite una comunicación instantánea.

En Gran Bretaña, objeto de disturbios nocturnos que han causado cuatro muertos, la policía monitorea las redes sociales para frenar convocatorios y/o amenazas.