Dos generales retirados será interrogados por la Fiscalía como parte de la investigación respecto a la autenticidad de una desmovilización en 2006 de supuestos rebeldes de las FARC que está en entredicho.

Alvaro Osorio, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, explicó telefónicamente que la medida fue tomada por la fiscal general Viviane Morales para recabar testimonios de los generales en retiro del Ejército Lelio Suárez y Mario Montoya, actual embajador de Colombia en República Dominicana.

El interrogatorio no equivale a una vinculación formal a un proceso ni a vayan a ser detenidos por ahora. Además, su comparecencia no es obligatoria.

Tales citaciones son parte de las investigaciones preliminares de la Fiscalía General por el caso de las desmovilizaciones.

La fecha para la diligencia aún no se ha fijado, agregó Osorio. Tampoco se ha tipificado ningún delito contra los oficiales castrenses.

Sin embargo, dado que ambos generales comandaron importantes unidades militares, Suárez una brigada con jurisdicción en la zona donde se produjo la presunta desmovilización, y Montoya era comandante general del Ejército en 2008, el caso ha cobrado atención.

En julio la canciller María Angela Holguín confirmó que Montoya presentó su renuncia como embajador, pero que le había pedido quedarse hasta que ella realizará una visita a República Dominicana prevista para agosto.

Llamadas al teléfono celular de Montoya no fueron atendidas.

En febrero, la Fiscalía anunció que dos hombres habían asegurado ante la justicia en noviembre de 2010 que la desmovilización de 66 presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue una farsa.

Los dos hombres "sostienen que toda esa desmovilización (del llamado frente 'Cacica Gaitana' de las FARC) fue una mentira, que consiguieron la gente y que compraron las armas que iban a entregar", explicó en su momento el fiscal Luis González León.

Hasta ahora se desconoce cuántos de los 66 hombres que depusieron las armas en un acto público en marzo del 2006, en el central departamento de Tolima, fueron realmente rebeldes y cuántos habrían aceptaron posar de insurgentes a cambio del pago de unos 500.000 pesos (unos 276 dólares) que habrían sido pagados por un narcotraficante, según el testimonio en poder de la Fiscalía.

A la misma investigación sobre la desmovilización también están vinculados el ex alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo (2002-2009) y el coronel activo Jaime Joaquín Ariza.

De acuerdo con los testimonios de los dos ex guerrilleros --José Alfredo Pacheco y Luis Eduardo Montero-, Restrepo estaba enterado del supuesto montaje.

Restrepo ha dicho que "nunca tuvo sospechas" de alguna irregularidad en el proceso de desmovilización y que de haber sido así lo habría denunciado.