Un tribunal penal fijó para el 30 de agosto una audiencia pública en la que se juzga a 10 militares por su presunta participación en la desaparición y asesinato de tres hombres que fueron reportados como guerrilleros abatidos en combate.

Se espera la intervención de las partes, de acuerdo con el abogado de las familias de las víctimas, Leonardo Jaimes.

Explicó en entrevista telefónica que la desaparición y posterior asesinato de Marcos Quintero Rivera, su hijo Marco Javier Quintero Niño y Nelson Páez, se registraron el 26 de agosto de 2007 en El Playón, en el departamento de Santander y a unos 340 kilómetros al noreste de Bogotá.

Los tres hombres trabajaban como celadores o vigilantes nocturnos en Bucaramanga, la ciudad capital de Santander.

Según el abogado, posteriormente los trabajadores fueron reportados por el grupo antisecuestro del Ejército en aquella región como rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) --la segunda mayor guerrilla de Colombia-- muertos en combates.

Dos de ellos murieron baleados, mientras que el tercero fue reportado como muerto por inmersión o ahogamiento, dijo Jaimes. "Ellos eran muy humildes y cumplían su trabajo de celadores acompañados sólo de un bolillo" o bastón de madera.

Los motivos del triple homicidio "hacen parte de la investigación" que aún adelantan las autoridades, advirtió.

La Fiscalía General imputó en septiembre de 2010 al grupo de militares los delitos de desaparición forzada y homicidio, pero ninguno de ellos, que están detenidos desde entonces, aceptó los cargos.

Todos los implicados, entre ellos el teniente Jaime Andrés Aranda, el sargento Yeicinio Oswaldo Vega y el cabo Oviel Gutiérrez, se encuentran detenidos en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército en Bucaramanga.

Jaimes dijo que pedirá para los militares la más alta condena que se impone en Colombia: 60 años de cárcel. Así mismo, que los 10 uniformados cumplan con sus penas en una cárcel común y no en una guarnición militar.

Desde finales de 2008, cuando se denunció que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía General ha recibido denuncias de que 2.731 personas habrían sido víctimas de esta práctica que es conocida en Colombia como "falsos positivos".

Según estadísticas del organismo investigador, hasta mayo pasado 368 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.