Una juez federal no deportó de forma inmediata a un estudiante salvadoreño gay porque el gobierno ha de responder a acusaciones de que el inmigrante fue arrestado de forma injusta mientras viajaba en autobús de regreso a Nueva York.

Julio Hernández, de 24 años, parecía aliviado el martes cuando salió de una sala de una corte de inmigración de Manhattan a la que la juez Terry Bain le ordenó regresar el 28 de junio de 2012.

El gobierno tiene hasta esa fecha para responder a una moción presentada el martes por la abogada de Hernández asegurando que el inmigrante fue arrestado de forma inconstitucional, ya que los agentes que le detuvieron pararon su autobús y supuestamente sólo pidieron documentación a la gente hispana.

"Se infringió la cuarta enmienda. Creemos que hubo categorización racial en su arresto", declaró el martes la defensora Aygul Charles tras la breve audiencia judicial.

Hernández aseguró que corre peligro si regresa a El Salvador debido a su orientación sexual. El joven, que estudia inglés en el Bronx Community College y espera algún día ser radiólogo, asegura que las pandillas de su ciudad natal, Apopa, le apalearon y amenazaron de muerte. El inmigrante cruzó la frontera con Estados Unidos sin autorización en 2007.

Hernández dijo sentirse preocupado el martes, pero "algo contento", ya que no fue expulsado a su país natal.

"Ayer no pude dormir, no puedo regresar a mi país", dijo. "Al menos ahora tengo casi un año para proseguir mis estudios".

Hernández fue arrestado el 27 de abril en un autobús de la empresa Greyhound, cuando regresaba a Nueva York tras haber pasado unas vacaciones en Chicago. "Empezaron a pedir papeles a la gente del autobús que parecíamos latinos. Yo era el único que no tenía papeles".

Charles dijo el martes que pronto solicitará formalmente al Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) que elimine la orden de deportación que pende sobre Hernández, ya que el joven no representa un peligro para la seguridad nacional, no tiene un historial criminal y pretende contribuir a la sociedad estadounidense estudiando radiología.

Si las autoridades estadounidenses acceden a rechazar la orden de deportación, Charles solicitará asilo político para el joven, explicó.

El gobierno del presidente Barack Obama deportó a casi 393.000 personas en el 2010, lo que le ha costado al mandatario duras críticas por parte de la comunidad hispana. Obama dijo recientemente que sabe el dolor que provocan las deportaciones y que trabaja a diario para "aplicar leyes defectuosas de la manera más humana".

Luis Martínez, portavoz en Nueva York de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha señalado varias veces que, por motivos de privacidad, no puede discutir el caso del salvadoreño.

La agencia, sin embargo, tiene el poder de frenar la deportación de alguien según los méritos de esa persona y tras una revisión de su caso, dijo el vocero.

Tras su arresto en abril, Hernández pasó nueve días en la cárcel, hasta que un juez le dio la oportunidad de enfrentar su caso en las cortes de inmigración. El Consejo de Liderazgo Juvenil le consiguió abogado e inició una campaña evitar la deportación.

"Vivo con miedo", dijo Hernández. "Pero muchas personas como yo vienen a este país a contribuir".

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Claudia Torrens está en Twitter como @ClaudiaTorrens