Un tribunal ordenó a la policía arrestar a once ex jefes militares y policiales por detener hace 23 años y enviar a Estados Unidos al narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta, que cumple una cadena perpetua en ese país.

La Corte de Apelaciones de Tegucigalpa dio curso así el martes a una demanda interpuesta en marzo por la familia de Matta en contra de los involucrados en el caso, bajo los cargos de abuso de autoridad y violar la Constitución de Honduras.

La Constitución establece que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a un estado extranjero.

Las órdenes de captura fueron dictadas contra el ex jefe de las fuerzas armadas, general de brigada Humberto Regalado, y el ex jefe nacional de la policía, coronel Leonel Riera Lunatti. Ambos se retiraron hace 20 años con honores del ejército.

El presidente de la Corte de Apelaciones, Vicente García, dijo a periodistas que "la resolución tiene el propósito de castigar a los culpables de este delito".

El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, aseguró a la AP que "las órdenes de captura ya fueron emitidas por los jueces y la policía debe cumplirlas".

Indicó que la familia de Matta ha presentado en dos décadas muchos recursos legales para lograr la repatriación del narcotraficante, pero sin éxito.

Matta, ahora de 66 años, fue llevado a Estados Unidos el 5 de abril de 1988, en una acción que generó disturbios que dejaron cinco muertos y destrucción parcial en la embajada estadounidense en Tegucigalpa, por lo cual el gobierno impuso estado de sitio durante una semana en la capital. Los protestantes reclamaban que la entrega del sospechoso a la justicia estadounidense era contraria a lo estipulado en la Carta Magna.

El extinto presidente José Azcona Hoyo (1986-1990) justificó la expulsión de Matta, acción que catalogó como una "profilaxis social".

Los tribunales estadounidenses sentenciaron a Matta en octubre de 1989 a cadena perpetua por distribuir cocaína en Los Angeles por más de 72 millones de dólares y participar en México en el asesinato de un agente de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena, en febrero de 1985.

Según la DEA, el hondureño controlaba un imperio valorado en 2.000 millones de dólares.