Nueve militares retirados reclamados en España por su presunta implicación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989 fueron puestos a disposición del poder judicial tras presentarse voluntariamente a una guarnición castrense.

El gobierno salvadoreño informó el lunes en un comunicado que "el ministerio de la Defensa puso a la orden del Juez Décimo Segundo de Paz, a los nueve militares retirados que son requeridos por la Interpol, para los procesos legales correspondientes".

Según el informe, "mientras la autoridad policial se disponía a aplicar la difusión roja nueve de los 10 militares retirados se presentaron voluntariamente, a las 18.00 horas del día domingo 7 de agosto, a la brigada Especial de Seguridad Militar" en la capital.

El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió a la Interpol colocar un alerta roja y ordenó la captura internacional contra el grupo de militares retirados supuestamente involucrados en la matanza de los cinco jesuitas españoles, un salvadoreño y dos trabajadoras, perpetrada el 16 de noviembre de 1989.

El juez inició la investigación del caso en enero de 2009 tras admitir una querella presentada por dos organizaciones de derechos humanos con el apoyo de los familiares de los sacerdotes españoles.

Los militares fueron identificados como Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

Eduardo Cardoza, el abogado de los generales Bustillo y Larios, dijo el lunes a la AP que el juzgado deberá ahora trasladar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que recibirá una petición formal de extradición desde España. Señaló que los magistrados "van a decidir y no sabemos cuanto tiempo va a durar" el trámite.

Cardoza indicó además que en España "se ha contratado un abogado para denunciar al juez Eloy por prevaricato que es el hecho de emitir una resolución totalmente contraria a derecho. Ellos ya fueron juzgados aquí y emite una orden de captura totalmente ilegal", apuntó.

Explicó que "todos los ahora acusados fueron absueltos definitivamente" de la acusación de ser autores intelectuales en diciembre del año 2000 por el juzgado tercero de paz de San Salvador y tras una denuncia de representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde los sacerdotes eran docentes.

Posteriormente una cámara judicial superior "confirmó el sobreseimiento definitivo" contra los acusados, que incluía al ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994). "Por ahora eso este paso es totalmente ilegal", explicó Cardoza.

Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA agregó que todos ellos "fueron sobreseidos de manera fraudulenta" en el 2000. "La jueza dijo que los dejaba libres por prescripción" o tras haber pasado más de 10 años de ocurrido el asesinato y no por la Ley de Amnistía, promulgada por Cristiani en 1993. Por tal motivo, se promovió el caso en España, agregó.

"Ahora el problema estará en la Corte (salvadoreña). Ahí es donde se tiene que decidir si se extraditan o no". De no concretarse la extradición "se seguiría en lo mismo de no superarse la impunidad" en este país, agregó. Un funcionario del gobierno dijo a la AP que la tendencia al interior del tribunal es no a la extradición.

Los militares formaban parte de la cúpula militar en noviembre de 1989, cuando integrantes de un batallón especial de las fuerzas armadas salvadoreñas asesinó a los sacerdotes amparados en toque de queda que estaba vigente debido a una ofensiva de los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato. Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la UCA.

Un coronel y otros ocho militares del Batallón fueron procesados en El Salvador por el asesinato de los jesuitas, la empleada y su hija. Siete de los acusados fueron absueltos y los dos que quedaron presos, entre ellos el coronel, fueron beneficiados dos años después con la amnistía.