Dirigentes estudiantiles y políticos propusieron el lunes la realización de un plebiscito nacional para solucionar la crisis educacional, que hace más de dos meses mantiene paralizadas escuelas y universidades y a 40 adolescentes en huelga de hambre.

Para el martes está convocado un paro nacional de universitarios y secundarios, al que se sumaron los maestros. Aunque no han solicitado permiso para marchar por la avenida principal de Santiago, dirigentes secundarios advirtieron que la ocuparán igual.

Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, dijo que "necesitamos lograr cambios esta semana o la próxima" porque hay cerca de 40 escolares en huelga de hambre y porque los secundarios arriesgan perder el año por inasistencia.

En declaraciones a radio Cooperativa añadió que "con el gobierno lamentablemente no están dadas las condiciones para que se pueda avanzar y transformar la educación".

Jackson recomendó la realización de un plebiscito porque "si hay algo que se necesita es que en las soluciones puedan ser partícipes los chilenos y las chilenas".

La constitución, heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) no contempla plebiscitos para este tipo de situaciones.

El senador Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, uno de los dos partidos de la alianza de gobierno, dijo a radio Agricultura que teme a un plebiscito porque "en el actual ambiente es peligrosísimo, una cosa disolvente, claramente subversiva, no está en el sistema legal".

Pero el titular del partido socialista, Osvaldo Andrade, opinó en diálogo con radio Bío Bío que "cuando hay posturas tan contrapuestas, hay que preguntarle al soberano".

Camila Vallejos, vocera de los estudiantes universitarios, dijo la prensa que si no obtienen respuestas favorables es "bueno que sea la ciudadanía... la que decida si quiere un sistema nacional público, de calidad y gratuito".

El conflicto estudiantil ha repercutido en el gobierno y la popularidad del presidente Sebastián Piñera descendió en julio a 26% según el Centro de Estudios Públicos (CEP), que señaló que las demandas estudiantiles cuentan con un apoyo de un 80%.

Tras una violenta represión policial a la marcha del jueves, los jóvenes convocaron para esa misma noche a un "cacerolazo" --una forma de protesta típica de la dictadura-- a la que se sumaron los más diversos sectores de Santiago y ciudades del interior. Los estudiantes convocaron a otro "cacerolazo" para el martes.

El gobierno ha señalado que si los estudiantes rechazan retomar el diálogo, enviarán al congreso los primeros proyectos de ley. Algunos diputados han advertido que no legislarán a espaldas de los jóvenes.

Tras dos meses de marchas, paros, escuelas ocupadas y el cambio del ministro de Educación, el gobierno elaboró un paquete de 21 medidas que responde muchas de las demandas estudiantiles. El plan fue rechazado, sin embargo, porque no aborda directamente el fin del lucro, uno de los temas principales para los universitarios.

Los alumnos demandan gratuidad de la enseñanza, mayor calidad y el fin del lucro en los planteles superiores privados.