Las autoridades paraguayas anunciaron hoy que no descartan la posibilidad de elevar a la Cancillería las negociaciones con Argentina para concretar la exportación de electricidad a Uruguay a través de territorio argentino.

La viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, hizo ese anuncio al momento de indicar que exigen una tasa menor a la planteada por Argentina en concepto de compensaciones por el tránsito de energía que se prevé destinar a Uruguay.

La funcionaria se expresó en esos términos al momento de dar detalles de la reunión que mantuvo el martes pasado en Buenos Aires con sus homólogos argentinos en el marco de esta negociación.

Argentina quiere cobrar "una suma que para nosotros es excesiva. En realidad la cifra la estamos tratando de no comentar por cuestiones de prudencia, pero lo que creemos que es lo correcto es que nos cobren lo mismo que a Brasil, que está entre el 8 y 10 dólares", dijo Canese en declaraciones reproducidas por el Centro Informativo Multimedios (CIM) de Asunción.

"Ellos piden bastante más, pero se comprometieron a analizar nuestra propuesta", insistió Canese, quien dijo que si no obtienen una respuesta favorable para mediados del presente mes delegarían la negociación a la Cancillería paraguaya.

Uruguay espera recibir 200 megavatios de electricidad de la represa paraguaya de Acaray en la primera operación de este tipo entre países no limítrofes de Suramérica, pero la operación pende de un permiso de las autoridades argentinas.

Paraguay controla con Argentina la hidroeléctrica de Yacyretá y con Brasil la de Itaipú, ambas sobre el fronterizo río Paraná, y la exportación a Uruguay debe realizarse a través de las redes de la primera represa.

Fuentes vinculadas al sector energético local han admitido que las negociaciones con Argentina, que están sufriendo retrasos, también guardan relación con dudas sobre el origen de la energía paraguaya, ya que, al parecer, no hay forma de probar que ésta provendrá de una generadora propia.

Los tratados de construcción de Yacyretá e Itaipú impiden la cesión de energía de una de las partes a un tercer país.