Las armerías en los estados fronterizos con México presentaron una demanda contra la entidad federal que supervisa al sector a fin que ésta cancele su normativa de que se le avise cuando alguien compre en cinco días varios fusiles de alto poder.

La medida, que entrará en vigencia el 14 de agosto, sigue a una operación policial controversial emprendida en 2009 en Arizona y conocida como "Rápido y furioso", la cual resultó en el envío de contrabando de más de 2.000 armas de alto poder a México.

Las autoridades de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) pretendían con la operación la captura de individuos que encabezaban las compras de armas para carteles del hampa.

La operación ha suscitado en fecha reciente comparecencias en el congreso, en las que autoridades de la ATF han reconocido que se cometieron errores.

La normativa de la ATF sobre los fusiles de alto poder afecta a las armerías en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Conforme a la medida, las armerías están obligadas a facilitar a la ATF información detallada como fecha de nacimiento, domicilio, raza y género de las personas que en un lapso de cinco días hayan comprado dos o más fusiles semiautomáticos de calibre mayor a .22.

En las tres demandas presentadas el miércoles y jueves contra el director interino de la ATF, Kenneth Melson, los propietarios de las armerías de Arizona, Nuevo México y Texas arguyen que la entidad no tiene el derecho a solicitar esa información porque les causa perjuicios económicos y se entromete en la privacidad de los clientes.

Un portavoz de la ATF, Drew Wade, dijo el viernes que la entidad defenderá con firmeza su autoridad para recabar la información en las armerías.