Organizaciones defensoras de los derechos humanos llamaron el jueves a las autoridades de Guatemala a localizar y juzgar a todos los involucrados en la masacre de Las Dos Erres en 1982 al tiempo que expresaron satisfacción por la condena del miércoles para cuatro militares implicados en el caso.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) emitieron un comunicado desde la sede de CEJIL en Costa Rica, en el que aplaudieron la decisión del tribunal guatemalteco de tomar en cuenta "no solo las ejecuciones extrajudiciales, sino también las graves afectaciones a la integridad personal, como los actos de tortura y la violencia ejercida especialmente contra mujeres".

El Tribunal de Alto Impacto condenó el martes a Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y Carlos Carías a purgar 6.060 años de prisión por la muerte de 201 campesinos de la comunidad Dos Erres, en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, cuando ese país vivía un conflicto armado que se prolongó por 36 años.

Para las organizaciones, ese fallo "es un importante paso que acerca a Guatemala al cumplimiento de la sentencia dictada en el 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) luego de casi tres décadas de impunidad.

"No obstante, para cumplir con lo ordenado por la Corte es crucial que el Estado continúe la identificación y el juzgamiento de todos los responsables de la masacre, incluyendo los autores intelectuales que todavía no han sido nombrados", apuntó el boletín.

Resaltaron que el mismo tribunal guatemalteco "dio por probado (que) la masacre fue perpetrada por decenas de militares de acuerdo a un plan previamente elaborado y con el conocimiento y aprobación de autoridades del ejército guatemalteco".

"FAMDEGUA y CEJIL confían en que la justicia para las víctimas de este caso no terminará con este proceso. La sanción de todos los responsables en el caso de la masacre de Las Dos Erres es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos", concluyó la nota.

Están pendientes varios militares por capturar. Al menos tres fueron arrestados en Estados Unidos y Canadá en fechas recientes y se espera que sean extraditados a Guatemala para que respondan ante la justicia respecto a su presunta implicación en la matanza.

El juicio a los militares inició el pasado 25 de julio y terminó el martes con la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. Se trató de la primera vez que un tribunal en esa nación condena a miembros de la fuerza especial conocida como "Kaibil" por violaciones a los derechos humanos.

CEJIL recordó que la masacre de Las Dos Erres "es una de más de 600 perpetradas por el ejército" durante el conflicto armado interno en Guatemala, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según datos de una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas implementada después del fin del conflicto en 1996.

Actualmente se desarrolla otro juicio en el que comunidades del norte del país acusan a altos mandos militares de haber cometido genocidio contra la etnia ixil. Un general fue detenido recientemente bajo esas imputaciones.

También en España se desarrolla un proceso por genocidio, promovido por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, en el que el principal acusado es el ex dictador Efraín Ríos Montt, en cuyo periodo (1982-1983) se implementó una política de "tierra arrasada" que buscaba "quitarle el agua al pez" exterminando a la población potencialmente susceptible de ser reclutada por los rebeldes.