La agencia reguladora de la aviación estadounidense ha quedado parcialmente paralizada debido a una discusión sobre el recorte de 16 millones de dólares en subsidios a los servicios aéreos, una cantidad nada considerable para Washington.

Pero en el fondo hay varios niveles subyacentes de un juego de astucia política con respecto a quiénes son los mandan en el Congreso: ¿los demócratas o los republicanos?

A principios de año, se presentó alguna posibilidad de cerrar el gobierno en torno a una disputa sobre las reducciones impositivas para los estadounidenses con mayores ingresos. Más recientemente fue la pugna sobre el aumento del límite de endeudamiento a fin de pagar las obligaciones del gobierno y se evitó una catástrofe financiera esta semana cuando llegaron a un acuerdo que mantendrá al gobierno en funcionamiento hasta principios del 2013.

Ahora es la continuación de la parálisis parcial de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a menos que los demócratas acepten un recorte de los subsidios a los servicios aéreos.

Alrededor de 4.000 empleados de la FAA han sido despedidos y se emitieron órdenes de detención de obra para más de 200 proyectos de construcción y aproximadamente 70.000 otros empleados del sector privado han sido afectados. Los controladores de tráfico aéreo permanecen en sus puestos porque la agencia aún tiene dinero de otros fondos para pagarles.

El gobierno ha dejado de recaudar aproximadamente 30 millones de dólares diarios en impuestos por boletos desde que comenzó el cierre el 23 de julio. Si el asunto no se resuelve hasta que el Congreso regrese de sus vacaciones de agosto a principios de septiembre, el gobierno habrá dejado de cobrar un total de 1.200 millones de dólares.

El costo político es aún mayor.

Un ala minoritaria republicana, el Tea Party, fue elegida con la promesa de reducir el gobierno y bloquear cualquier incremento de los impuestos. Los demócratas se quejan de que los republicanos están fabricando crisis tras crisis, en un intento por obligarlos a aceptar políticas onerosas que no han sido negociadas a través del normal proceso legislativo.

"Esto se está convirtiendo en un preocupante patrón: un pequeño grupo inflexible, que se cree con el derecho de su causa, perjudica a decenas de miles de gente inocente y los toma de rehenes hasta que se salen con la suya por completo", criticó el senador Chuck Schumer. "Esos debates no deberían ser determinados por qué lado sufre el mayor número de bajas", agregó.

Los republicanos afirman que tienen que usar todas las herramientas a su disposición porque los demócratas son poco razonables sobre el recorte de gastos.

"Si tenemos esta discusión por 16 millones de dólares en subsidios, ¿cómo van a conseguir los billones de dólares en recortes del gobierno?", acusó el representante republicano John Mica, presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes en una entrevista con The Associated Press.

Pero los demócratas afirman que la reducción de gastos no es realmente el problema. Señalan que si ceden en los recortes a los servicios aéreos ahora, entonces los republicanos exigirán un mayor precio cuando se presente la próxima extensión a corto plazo de una ley sobre la FAA que se prevé para mediados de septiembre.

El Senado aprobó un anteproyecto de ley a largo plazo en febrero y la cámara redactó su propia versión en abril. Más de 200 puntos distintos entre los dos anteproyectos han sido negociados, pero una docena de otros aún quedan sin resolver.

Uno de ellos es el programa de servicio aéreo, que fue creado después que las aerolíneas fueron liberalizadas en 1978. Se les paga a las aerolíneas por rutas de vuelos menos rentables a comunidades remotas. El programa cuesta un total de 200 millones de dólares anuales, que es el equivalente al monto que el gobierno está perdiendo cada semana que continúa el cierre de la FAA.

Los detractores alegan que algunas comunidades no merecen la ayuda porque están a una distancia razonable de otro aeropuerto o porque sus subsidios son exorbitantemente altos, más de 1.000 dólares por pasajero.

Los demócratas han señalado que tales recortes estaban siendo utilizados como palanca para obligarlos a rendirse en la cámara baja sobre una cláusula laboral contenida en una iniciativa legislativa distinta que aborda el financiamiento a largo plazo para la FAA, la cual dificultaría más a los trabajadores de aerolíneas la posibilidad de sindicalizarse.