Los dirigentes sindicales de la minera chilena Escondida se manifestaron hoy optimistas en alcanzar un acuerdo con la empresa, tras haberse reanudado la negociaciones para resolver un paro de trabajadores que hoy cumple trece días.

Según dijo a los periodistas Marcelo Tapia, dirigente del Sindicato que agrupa a los 2.375 operarios de la Compañía, controlada por la australiana BHP Billiton, hay "un 95 %" de acuerdo con la empresa y sólo falta resolver el monto del bono que piden los trabajadores.

En principio, el sindicato pidió un bono de cinco millones de pesos (unos 11.000 dólares) por trabajador, que el pasado lunes rebajó a cuatro millones de pesos (8.800 dólares).

En tanto, la empresa, que ha considerado ilegal el paro, ofreció primero 2,5 millones de pesos (unos 5.500 dólares), que después aumentó a 2,8 millones (6.000 dólares y fracción) y que esta semana rebajó de nuevo, a 2,65 millones de pesos (unos 5.800 dólares) por trabajador.

Las negociaciones se reanudaron hoy, tras una prolongada reunión entre las partes que duró hasta cerca de la medianoche del martes (04.00 GMT) en la ciudad de Antofagasta (norte), en la que según los sindicalistas se avanzó bastante, pero sin llegar a un acuerdo definitivo, lo que podría alcanzarse hoy.

Además del bono, que la compañía considera "extraordinario" por estar fuera del último contrato colectivo, los trabajadores piden un sistema de televigilancia para mejorar la seguridad de la mina, un mejor control de asistencia y festivos progresivos.

Desde el comienzo del paro hasta hoy, Escondida ha dejado de producir unas 3.000 toneladas diarias de cobre, que suponen una pérdida de 30 millones de dólares cada día y ha debido argumentar "fuerza mayor" por incumplir entregas de metal a sus clientes.

Escondida, situada a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago y a más de 3.000 metros de altitud, produce más de un millón de toneladas de cobre al año, equivalentes a casi el 7,0 % del total mundial.

El conflicto llegó también a los tribunales, pues el sindicato presentó un recurso acusando a la empresa de prácticas antisindicales y amedrentamiento, mientras la compañía ingresó una acción legal similar, exigiendo el respeto a los derechos de propiedad y de libertad económica.

El tribunal del Trabajo de Antofagasta acogió a trámite este martes el recurso de los trabajadores y ordenó a la Inspección del Trabajo fiscalizar los hechos denunciados, que incluyen llamadas telefónicas a los trabajadores movilizados y sus familias, además de cartas a sus domicilios, entre otras.