La policía salvadoreña se apresta a cumplir con las órdenes internacionales de captura de un grupo de militares retirados reclamados en España para ser juzgados por su presunta implicación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

El vocero de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Carlos Ramírez informó a la AP que hasta la noche del martes "no se había recibido nada", es decir, ninguna orden de captura, pero afirmó que el director de la policía, comisionado Carlos Ascencio, "ya lo ha dicho: al tenerla se procederá a cumplirla de inmediato".

Sostuvo que "la policía forma parte de la Interpol y no queda más que proceder a capturarlos". A pesar de la negativa expresada por Ramírez, AP tuvo confirmación de dos fuentes distintas de que las órdenes de aprehensión habían sido ya entregadas.

El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió a la Interpol colocar un alerta roja y ordenó la captura internacional contra el grupo de militares retirados salvadoreños supuestamente involucrados en la matanza de los jesuitas y dos trabajadoras, perpetrada el 16 de noviembre de 1989.

El juez inició la investigación del caso en enero de 2009 tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.

Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados por soldados que irrumpieron en el campus de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) durante una ofensiva guerrilla. En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato.

Un funcionario del gobierno salvadoreño, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar del caso, dijo a la AP que la policía salvadoreña ya habría recibido las ordenes de captura internacional contra 10 querellados por el juez Velasco.

La orden de captura fue emitida contra los militares retirados Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Zarpate Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos, Mariano Amaya Grimaldi y René Emilio Ponce, ya fallecido.

Eduardo Cardoza, el abogado de los generales Bustillo y Larios, dijo a la AP que, "la captura no procede, porque éste ya es un caso juzgado en el país, el caso ya prescribió y algunos de los señalados ya fueron juzgados y sobreseídos definitivamente". Guevara Cerritos es el único de la lista que fue juzgado y sobreseído en 1991.

Cuando se ordenó y ejecutó el asesinato a los jesuitas, Larios era el ministro de la Defensa; Zepeda era el viceministro de Defensa, y Bustillo el jefe de la Fuerza Aérea.

Para el abogado, "si la policía procede a capturarlos, será una decisión política, pero no jurídica... y si lo hacen estarán cometiendo delito".

Ramírez explicó que al capturar a los militares, estos serán llevados ante un juez de los tribunales judiciales locales, quien a su vez los pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, cuyos 15 integrantes deberán decidir por mayoría simple. Según el funcionario del gobierno salvadoreño 10 ya han adelantado que se oponen a las extradiciones a España.

Cardoza reveló que el 22 de julio presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de Exhibición Personal para que se evite la captura de sus defendidos. Dijo estar convencido que si los militares son capturados, la Corte Suprema de Justicia no autorizará la extradición como se está pidiendo.

Según el abogado, Velasco le pidió a la Corte salvadoreña que le enviará información sobre el caso de los jesuitas y "la Corte en pleno le dijo: no le podemos mandar nada de este caso porque este caso ya fue ventilado aquí".

Afirmó que "si la Corte se pronunció negándoles información, la Corte sentó precedente y a la hora que le pidan la extradición va a decir que no procede".

"Pueden hacer una captura arbitraria, ilegal, pero la Corte no los va a extraditar, sería contra la amnistía y no lo harán, porque además es caso juzgado", sentenció.

Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe "De la locura a la esperanza", el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el coronel René Emilio Ponce, quien falleció el 2 de mayo de 2011 a los 64 años, ordenó el 15 de noviembre de 1989 el asesinato del cura español Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La orden, según la Comisión de la Verdad, incluyó la acotación de que el operativo no debía dejar testigos y como resultado también fueron asesinados sus cinco compañeros jesuitas, la empleada y su hija.

Pocas horas antes de que se divulgará el informe de la Comisión de la Verdad, el entonces presidente Alfredo Cristiani (1889-1994), que también estaba involucrado en la causa en España, emitió un decreto de amnistía general la cual evitó también que otros responsables de violaciones a los derechos humanos fueran llevados a los tribunales.

Pero en este caso, un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados en El Salvador por el asesinato de los jesuitas, la empleada y su hija, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

El coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables del asesinato, pero resultaron beneficiados dos años después con la ley de amnistía general emitida por Cristiani en 1993.

Con la ley de amnistía vigente, también se imposibilitó que se abrieran juicios por los crímenes cometidos durante la guerra y un tribunal de justicia de El Salvador rechazó en marzo del 2000 reabrir el caso para descubrir a los autores intelectuales de la matanza, lo que obligó a familiares a buscar justicia en tribunales en Estados Unidos y España.

El ex ministro de Defensa Eugenio Vides Casanova fue acusado de condonar la tortura y asesinato de cuatro monjas estadounidenses, así como de otros abusos a los derechos humanos, cuando era general de las fuerzas salvadoreñas, en la década de 1980.

El asesinato ocurrió en momentos que el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político en el poder, lanzó la mayor ofensiva en el país. Los 12 años de guerra civil concluyeron en 1992 con la firma de los acuerdos de paz.

Ellacuría era rector de la Universidad Católica e impulsaba la vía del diálogo para poner fin a la guerra, que concluyó con la firma de acuerdos de paz en 1992 y dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos.

Un funcionario judicial español, que no fue identificado por políticas institucionales, dijo que ya tienen localizados a 13 de los 20 señalados en el proceso. Sobre los otros siete se ha pedido a la policía su localización, aunque ya han sido citados para el 14 de septiembre a declarar en Madrid y de no presentarse se buscarán y también se capturarán.

El ex viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano se encuentra viviendo en Estados Unidos.