La histórica condena de 6.060 años de prisión dictada hoy contra cuatro exmilitares por la matanza de 201 campesinos en 1982 ha supuesto el rompimiento del manto de impunidad en Guatemala, afirmaron portavoces de organismos humanitarios de este país centroamericano.

"Hoy se ha roto ese muro de impunidad y afortunadamente empezamos a saborear esas mieles de la justicia", dijo a Efe Aura Elena Farfán, de la Fundación de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), tras darse a conocer la sentencia, dictada por unanimidad, por los tres jueces que integraron el Tribunal de Alto Riesgo.

Farfán, quien actuó como querellante adherida en el proceso contra los exmilitares en representación de los familiares de las víctimas, dijo sentirse "satisfecha luego de caminar 17 años para alcanzar la ansiada justicia por la matanza en Las Dos Erres".

"Se hizo justicia. El tribunal ha dado una sentencia condenatoria para la reivindicación de todos los que murieron en Las Dos Erres y para los 200.000 guatemaltecos que fueron masacrados durante el conflicto armado" que desangró este país entre 1960 y 1996, afirmó la activista.

Los cuatro exintegrantes del grupo elite Kaibil del Ejército guatemalteco Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías fueron hallados culpables por el tribunal del delito de asesinato de los 201 campesinos, por el que les condenó a 6.060 años a cada uno.

La jueza Patricia Bustamante, quien leyó la sentencia, explicó que ello resulta de sumar 30 años de condena, por el delito de asesinato, para cada exmilitar por cada uno de los 201 crímenes, más 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad.

Sin embargo, en la resolución del tribunal, que presidió la jueza Jazmín Barrios y que además de Bustamante integró también Pablo Xitimul, quedó establecido que los sentenciados solo deberán cumplir cada uno la pena máxima de 50 años por el delito de asesinato, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal vigente.

A esa condena se le deben sumar otros 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, al haberse comprobado que actuaron de forma planificada en contra de la población, para un total de 80 años de prisión para cada acusado.

Por su parte, a Carías también se le sumaron otros seis años de cárcel por el delito de hurto agravado al comprobarse que saqueó la comunidad después de la masacre.

La jueza Bustamente dijo que las versiones de varios testigos, entre ellos dos exkaibiles, fueron clave para dictar la sentencia, la primera en Guatemala por los más cruentos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército en contra de civiles.

Los ex miembros del grupo Kaibil César Franco y Flavio Pinzón, testigos protegidos de la Fiscalía y radicados en México, confirmaron la presencia en Las Dos Erres de Pop, Collín y Martínez, y también la colaboración que prestó Carías para que la patrulla militar cometiera la masacre, dijo la jueza Bustamante.

Pop y otro ex kabil identificado como Gilberto Jordán, quien cumple una condena de diez años en Estados Unidos por hacer declaraciones falsas para obtener su ciudadanía en ese país, "tiraron vivos a los niños a un pozo", según el relato de los testigos de la Fiscalía.

Además, señaló Bustamante, también afirmaron que la patrulla violó a las mujeres y torturó a los hombres.

La sentencia provocó un prolongado aplauso en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que fue abarrotada por familiares de las víctimas y activistas humanitarios, así como varias decenas de periodistas.

"Se hizo justicia", fue el grito de algunos familiares ante el desconsuelo de los parientes de los exmilitares, que entraron en llano y en declaraciones a Efe insistieron en la inocencia de sus allegados y calificaron de "traidores" a los exkaibiles que declararon en contra de ellos.

En las afueras de la Corte también se congregaron, bajo una pertinaz llovizna, varios familiares y activistas humanitarios ante una alfombra de pino y flores rojas con la palabra "justicia".

La jueza Barrios explicó a Efe que la sentencia debe ser confirmada por un tribunal de ejecución penal en los próximos días.

La masacre de Las Dos Erres es una de las 669 que documentó la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) en su informe "Memorias del silencio" de 1999, tras investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército durante el conflicto armado.