A tres días del primer aniversario del accidente que dejó atrapados a 33 mineros chilenos en Atacama, los 261 trabajadores de la compañía San Esteban que se quedaron sin trabajo y sin los beneficios de la fama esperan que se agilice el pago del 40 % de la indemnización que aún se les adeuda.

"Hasta el momento (la empresa) nos han pagado el 60 %. Estamos esperando el 40 % que nos deben de la indemnización", dijo hoy a Efe Horacio Vicencio, presidente del sindicato de la Minera San Esteban, dueña del yacimiento San José.

Vicencio asegura que los operarios de la minera que no sufrieron el encierro se han sentido relegados, eclipsados por la mediática epopeya que protagonizaron los llamados 33 de Atacama, que resistieron 70 días atrapados a 700 metros de profundidad.

Este viernes, cuando se cumpla un año del derrumbe, los obreros accidentados y las principales autoridades del Gobierno conmemorarán ese primer aniversario con una misa en Copiapó, a 804 kilómetros al norte de Santiago.

Pero sus compañeros de faenas, que quedaron sin trabajo tras el accidente, sienten que tanto los medios de comunicación como el Gobierno les han dejado de lado, y advierten de que si no les pagan, saldrán ese día a manifestarse.

Del Gobierno, Vicencio critica que hayan tardado un año en facilitar una solución al pago de su indemnización, a la que la empresa no ha hecho frente, aunque el Estado no está obligado a hacerse cargo de ello.

Según el dirigente sindical, los trabajadores pidieron en agosto del año pasado que la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) prestara el dinero de las indemnizaciones a la minera San Esteban y después exigiera a ésta la devolución del pago.

Vicencio explica que hicieron esa propuesta al considerar que el Estado estaba en cierto modo en deuda con ellos, ya que el Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) no había fiscalizado apropiadamente el yacimiento San José.

Casi un año después, el pasado 29 de julio, el Gobierno se comprometió a otorgar a través de la Enami un crédito por 500 millones de pesos (1,07 millones de dólares) para que la minera pague el 40 % que resta de las indemnizaciones de sus trabajadores.

"Si bien este problema corresponde que sea resuelto por los propietarios de la minera, al ser un tema laboral entre privados, el Gobierno seguirá haciendo todos sus esfuerzos para regularizar esta situación", señaló entonces el ministro de Minería, Hernán de Solminihac.

Sin embargo, Vicencio considera que el Gobierno podría haber actuado antes. "Lo que pedimos nosotros es lo que están haciendo ahora. ¿Y por qué tuvieron que esperar a que se cumpliera el año?", se pregunta Vicencio.

"No hubo voluntad política ni del ministro de Minería (entonces, Laurence Golborne) ni del presidente (Sebastián Piñera)", opina.

Una vez ofrecido el crédito, la junta de acreedores de la empresa tiene que aprobarlo antes de que la Enami pueda transferirle el dinero, una gestión que los trabajadores esperan que se concrete cuanto antes.

"Supuestamente nosotros firmamos un finiquito que nos tenían que haber pagado en marzo. Estamos en agosto y todavía no se ha cumplido ese pago. Siempre se han corrido las fechas y los más perjudicados son los trabajadores", asegura Vicencio.

Según este operario de 48 años, los más jóvenes no han tenido problemas en encontrar un nuevo trabajo, pero muchos siguen desempleados, han sufrido secuelas psicológicas, enfermedades y problemas familiares.

De los medios de comunicación, Vicencio critica que sólo centraran sus focos en los 33 accidentados, y no ampliarán el objetivo para ver las deficiencias de seguridad en la minería chilena, que causan un goteo de muertes anónimas.

Y de los dueños de la minera, Alejandro Bohn y Marcelo Kennedy, contra los que la Fiscalía mantiene una investigación abierta, ni siquiera esperan nada. "Desde que ocurrió el accidente no hemos tenido contacto con ellos", afirma.