Las autoridades municipales de Nueva York presentarán este mes una iniciativa que de convertirse en ley reducirá las deportaciones de inmigrantes sin permiso para residir en el país que hayan sido detenidos por otras causas y no tengan antecedenes penales.

Se trata, por ejemplo, de personas que son arrestadas y enviadas a la cárcel de Rikers Island, pero contra las que después no se presenta ningún cargo, dijo el martes la concejal hispana Melissa Mark-Viverito, una de las creadoras de la medida.

"Queremos controlar la información que se comparte con las autoridades federales", dijo Mark-Viverito el martes a la AP. "Es injusto apoyar un sistema que destroza y separa a muchas familias. Intentamos proteger la seguridad de Nueva York de forma justa".

Según datos ofrecidos por el Concejo Municipal, casi un 50% de los presos de la ciudad que en el 2009 fueron entregados al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no contaban con condenas previas. Un 20,9% habían cometido un delito menor como su mayor crimen.

El Departamento de Prisiones identificó a 12.710 presos extranjeros en el 2009. De esos, ICE clasificó a 3.506 para ser deportados, según datos del Concejo.

El Departamento de Prisiones de Nueva York coopera desde hace años con funcionarios del Programa de Delincuentes Extranjeros (CAP, por sus siglas en inglés) de ICE, el cual permite que agentes de inmigración mantengan una oficina en la prisión y entrevisten a presos que nacieron en el extranjero.

"Estamos criminalizando a todo el mundo", dijo la portavoz del Concejo Municipal, Christine Quinn a la AP. "Todo el mundo nacido en el extranjero y que acaba en Rikers está siendo clasificado por ICE. Acabamos haciendo mucho daño a gente que no lo merece".

Quinn es una política demócrata candidata a la alcaldía de la ciudad en el 2013.

En la actualidad, los funcionarios de Rikers Island pueden retener 48 horas adicionales a inmigrantes a partir de su fecha de liberación, para entregarlos así a las autoridades migratorias.

La ley propuesta por Mark-Viverito, Quinn y el concejal Daniel Dromm, prohibiría a la cárcel retener durante ese periodo a detenidos que no son ciudadanos estadounidenses y que no cuentan con cargos criminales, historial criminal o órdenes de arresto pendientes, no registran órdenes de deportación previas y no están en la lista de terroristas buscados.

Eso significa que los inmigrantes, aunque no estuvieran autorizados para residir en Estados Unidos, serían dejados en libertad si la fiscalía no presentara cargos contra ellos. La liberación ocurriría aunque agentes federales pidieran la deportación.

Luis Martínez, portavoz de ICE en Nueva York, dijo que su oficina no comentaría sobre legislación que no ha sido aprobada.

"ICE prioriza el uso de su personal, su espacio de detención y sus mecanismos para asegurar que los extranjeros que deporta representan, de la manera más razonablemente posible, las prioridades de cumplimiento de la ley de la agencia, es decir, promoción de seguridad nacional, pública, fronteriza y la integridad del sistema de inmigración", dijo la agencia, a través del vocero.

En junio el estado de Nueva York dejó de participar en el programa Comunidades Seguras, un proyecto federal para identificar a inmigrantes no autorizados a residir en Estados Unidos a través del intercambio de información entre policías locales y autoridades migratorias.

El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama deportó en el año fiscal 2010 una cifra récord de 392.862 personas, lo cual le ha valido reproches de la comunidad hispana que esperaba de su parte, el cumplimiento de la promesa electoral de impulsar una reforma migratoria integral.

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Claudia Torrens está en Twitter en @ClaudiaTorrens