La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Argentina se reunirá este miércoles para determinar si avanza un pedido para analizar el caso del juez supremo Eugenio Zaffaroni, después de que un organismo humanitario denunciara que en varias de sus propiedades funcionan prostíbulos.

En tanto, Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical (UCR) en las elecciones presidenciales de octubre, se sumó hoy a quienes reclaman que Zaffaroni deje su cargo en el máximo tribunal argentino.

"La Comisión de Juicio Político es la encargada de evaluar el desempeño de los jueces de la Corte. Mañana nos reuniremos para ver si se avanza en un pedido para que se analice si (Zaffaroni) incumplió sus deberes de funcionario", aseguró el diputado Jorge Triaca, integrante de ese cuerpo.

En declaraciones al canal de televisión C5N, el legislador conservador sostuvo que las explicaciones que ha dado el juez "distan de ser satisfactorias" y recordó que la denuncia en su contra "roza la actividad de trata de blancas y viola la ley de profilaxis".

"Acá lo importante es ver si en alguna medida ha participado en la comisión de un delito, y si lo ha hecho cuáles son sus responsabilidades y si eso es motivo de remoción", subrayó.

Ricardo Alfonsín, por su parte, se adhirió al pedido del titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, quien reclamó que Eugenio Zaffaroni deje su cargo.

"Es algo que me ha sorprendido. Es una persona por la que siento respeto", dijo en declaraciones radiales el candidato presidencial, al tiempo que reclamó que "tiene que quedar muy claro lo que pasó" con la denuncia.

"Frente al papelón, aunque no hubiera delito, Zaffaroni debería renunciar", afirmó antes de agregar que "este gran escándalo afecta la majestad de la Justicia" y "tiene que ser investigado".

En un comunicado que publicó el domingo pasado en el diario Clarín, el juez supremo reconoció la existencia de prostíbulos en algunas de las 15 propiedades que renta en Buenos Aires y aseguró que las recuperará "por las buenas o mediante el desalojo" de sus inquilinos.

Zaffaroni admitió que en cuatro de sus inmuebles en la capital del país funcionan prostíbulos y dijo que su apoderado está verificando los contratos de alquiler de los restantes.

El escándalo estalló hace unos días cuando la organización humanitaria La Alameda denunció ante la Procuración General de la Nación la existencia de prostíbulos en los que trabajan en su mayoría mujeres paraguayas y dominicanas en tres propiedades de Zaffaroni.

Gustavo Vera, titular de la organización, adelantó este sábado a Efe que este miércoles se presentará ante la Procuración General para ampliar la denuncia porque su ONG verificó que en otros tres inmuebles de Zaffaroni también se ejerce esa actividad, prohibida por las leyes argentinas.

Al intentar desmarcarse del escándalo, Zaffaroni argumentó que no administra sus propiedades de forma personal sino que tiene un apoderado y una inmobiliaria que los renta, además de considerarse una víctima del "amarillismo".

"Me limito a recibir lo que me pagan y ni siquiera reviso mucho las cuentas. Nunca firmé un contrato de locación personalmente y nunca conocí a ninguno de mis inquilinos. Tampoco recibí una carta documento de ningún consorcio notificándome algo raro o anormal", subrayó.

"Quizás haya pecado de ingenuo", insistió el juez supremo.