Las últimas decisiones judiciales abordadas en Colombia contra antiguos colaboradores de Álvaro Uribe cierran el cerco a alrededor del expresidente por su supuesta responsabilidad en el escándalo de escuchas y seguimientos ilegales, coincidieron analistas consultados hoy por Efe.

El pasado sábado la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Marlene Orjuela ordenó el ingreso en prisión de Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia en el Gobierno de Uribe (2002-2010), pues consideró que en libertad "podría obstruir" la Justicia.

Moreno, considerado uno de los funcionarios más cercanos al expresidente, es investigado por la participación que pudo tener en el escándalo de las interceptaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) contra magistrados, líderes de la oposición y periodistas durante el Gobierno de Uribe.

Por este mismo caso, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó en mayo la detención preventiva de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien se encuentra asilada en Panamá.

Para el politólogo Fernando Giraldo, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, "lentamente se va cerrando el círculo" en torno de Uribe, en el marco de una cruzada iniciada por la Justicia y otros sectores de la sociedad colombiana para "rescatar valores y restituir" las instituciones en el país.

"En ese propósito no tiene mayor alternativa que golpear a Uribe, así sea en manera indirecta, y la mejor forma de golpearlo es en el círculo más inmediato de colaboradores bajo su Gobierno", comentó Giraldo a Efe.

Por su parte, el representante a la Cámara y conocido líder de la izquierda Iván Cepeda, quien fue objeto de esas escuchas y seguimientos, dijo a Efe que es "cada vez más evidente que Uribe está involucrado de manera directa en estos asuntos".

Cepeda no duda que el exmandatario "tenía pleno conocimiento de lo que estaban haciendo sus allegados, sus asesores, sus ministros", e incluso apunta que "fue quien tomó las decisiones", por lo que espera "que no solamente se haga valer su responsabilidad política, sino también cuanto antes su responsabilidad penal".

El parlamentario confió en la Justicia internacional, en caso de que la colombiana no involucre a Uribe en el proceso abierto sobre las escuchas.

A este respecto, Giraldo señaló que "hay más probabilidad de que responda ante los tribunales internacionales que los nacionales", pues el exmandatario tendrá que responder en primer lugar "por las 23 o 24 demandas que tiene en la Corte Penal Internacional (CPI) y en algunos tribunales de Estados Unidos y Europa".

Sin embargo, se mostró optimista hacia la posibilidad de que un tribunal colombiano procese a Uribe "en un plazo de entre tres y cinco años", en un momento en el que "su imagen esté bien debilitada".

La medida abordada sobre Moreno siguió a otra tomada el pasado martes contra otro alto funcionario del Gobierno de Uribe, por la cual se ordenó el ingreso en prisión del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por su presunta responsabilidad en la asignación de subsidios no reembolsables a acaudalados hacendados.

El magistrado Orlando Fierro acogió la petición de la fiscal general colombiana, Viviane Morales, quien pidió para Arias la orden de detención y lo acusó de los delitos de "peculado por apropiación a favor de terceros y firma de contratos sin el lleno de requisitos".

La fiscal general, además, endilgó al exministro conservador la utilización del programa de subsidios Agro Ingreso Seguro (AIS), que manejaba su cartera, como plataforma política para su aspiración presidencial en las elecciones de 2010.

Arias fue considerado uno de los principales escuderos de Uribe, con quien tuvo tanta afinidad que el exministro, de 38 años, se ganó el apodo de "Uribito".

"Yo valoro altamente las decisiones de los jueces, de la Fiscalía General y de la Procuraduría, que muestran que hay un poder judicial independiente que debe ser respetado y acatado", concluyó Cepeda.