El Congreso de EE.UU. prevé votar hoy un acuerdo bipartidista para reducir el déficit y evitar que el país entre mañana en suspensión de pagos, ante el recelo de los progresistas de que los recortes fiscales que incluye afectarán a los grupos más vulnerables.

El acuerdo bipartidista, anunciado el domingo por la noche, incluye un aumento de al menos 2,1 billones de dólares en el límite de la deuda hasta 2013 y una reducción del déficit mediante recortes fiscales de cerca de 2,5 billones de dólares en la próxima década.

Para la Casa Blanca, el acuerdo es providencial porque evita una suspensión de pagos que hubiese causado enormes daños a la economía.

El acuerdo "elimina la nube de incertidumbre" sobre una mora en los pagos mañana, explicó hoy el subdirector del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, en una mesa redonda con medios en español.

Aún así, "este acuerdo está lejos sin duda de ser perfecto y no es el acuerdo que el presidente (Barack Obama) hubiese escrito o promulgado si él fuese el único actor político" en el debate, reconoció Deese.

En la mesa redonda, la directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo que el acuerdo aleja a Estados Unidos del abismo y "preserva los programas que protegen a la comunidad hispana".

Deese insistió en que, por ahora, no habrá recortes en los programas del Seguro Social, Medicare y Medicaid, considerados las "joyas de la corona" de la red de seguridad social estadounidense.

Más adelante se requerirá una reforma tributaria para que, por ejemplo, los individuos que ganan más de 250.000 dólares anuales paguen más impuestos, agregó.

Una suspensión de pagos era impensable para un país como Estados Unidos, que encara un lento ritmo de crecimiento, una tasa de desempleo del 9,2 por ciento -del 11,6 por ciento entre los hispanos- y aún no se ha recuperado por completo de la recesión.

Sin embargo, sin un aumento en el techo de la deuda, EE.UU. habría sufrido una subida en las tasas de interés, incluidas las de los préstamos hipotecarios, lo que hubiese provocado un efecto dominó en el sector inmobiliario.

William G. Gale, analista de la Institución Brookings, dijo hoy que la primera fase del acuerdo incluye recortes en gastos discrecionales que afectarán a los hogares pobres y de clase media, que ya han sufrido "un estancamiento o declive de ingresos en las últimas décadas".

Para expertos como Gale, la buena noticia es que se conjuró una crisis de impago, pero la mala es que el plan no crea empleos, perjudicará a millones de hogares, da un pase libre a los ricos y crea mala fe para futuras negociaciones que tendrán que incluir un aumento de impuestos o cortes drásticos del gasto.

El legislador demócrata de Arizona Raúl Grijalva se quejó de que el acuerdo comercia con el sustento de las familias "a cambio de los votos de unos pocos radicales derechistas implacables", y no lo apoyará cuando llegue al pleno de la Cámara de Representantes.

Aunque hay pocos detalles, lo más probable es que los recortes federales afecten un amplio abanico de programas administrados por los gobiernos estatales, ya golpeados por el déficit.

Como parte del acuerdo, tras la primera fase de recortes de casi un billón de dólares, un "supercomité" compuesto por seis demócratas y seis republicanos de ambas cámaras del Congreso tendrá que elaborar un conjunto de recortes adicionales por 1,5 billones de dólares y someterlo a votación antes de fin de año.

Si el Congreso no logra un acuerdo entonces, habría recortes, divididos en partes iguales, en defensa y otros programas, con la excepción de los beneficios del Seguro Social, del Medicaid para los pobres, del Medicare para ancianos y jubilados, y los beneficios para veteranos y desempleados.

El plan prevé recortes del 2 por ciento para proveedores que participan en Medicare y deja intacta la mayor parte del programa de becas Pell para estudiantes universitarios.

La falta de un aumento de impuestos a empresas y a los más ricos, como pedía la Casa Blanca, se ganó la repulsa del ala más progresista del Partido Demócrata.

Grupos como MoveOn y el Comité para una Campaña por el Cambio Progresista, temen que, al final, la clase media y los pobres sean los que carguen con la peor parte de la crisis fiscal.