La jueza penal Marlene Orjuela ordenó el sábado la detención de un cercano colaborador del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) por considerar que podría obstruir la justicia en el caso de su presunta participación en una red de espionaje desde la policía secreta.

Es la primera decisión judicial que llega directamente a las puertas de lo que fue el despacho de Uribe, en contra de quien hasta ahora no existe ningún proceso formal.

El ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, un economista de 51 años, estaba en la sede del tribunal penal en Bogotá en la audiencia pública en la que la jueza dispuso su arresto a pedido de abogados de las presuntas víctimas del espionaje.

La jueza ordenó el encarcelamiento por considerar que Moreno podría obstruir la justicia en la investigación judicial, como argumentó la Fiscalía y representantes de la parte civil.

Tras despedirse de su esposa Claudia Mejía, presente en la audiencia, el ex secretario general de la Presidencia fue escoltado fuera del juzgado por dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.

Moreno será llevado primero a la Fiscalía y luego, por recomendación de las autoridades penitenciarias, a alguna guarnición militar de la ciudad, en donde quedará recluido.

El ex funcionario declinó formular declaraciones a los periodistas, pero su abogado defensor, Jaime Granados, calificó el fallo como "equivocado".

"No puede ser que se constituya una obstrucción a la justicia el que se pida una rectificación a un medio de comunicación", dijo Granados.

El ex presidente Uribe se declaró "profundamente adolorido" por el encarcelamiento de Moreno.

"Me duele la decisión por Bernardo Moreno y por el maltrato al ordenamiento jurídico y la derogatoria de principios como la presunciones de inocencia y buena fe", agregó Uribe en un comunicado colgado en su página de internet.

Moreno niega los cargos que la Fiscalía General le imputa: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, por los cuales podría recibir, en caso de ser hallado culpable, al menos tres años de prisión.

Un fallo definitivo demorará meses.

La suerte final de Moreno, cuyo despacho estaba al lado del de Uribe en la casa de gobierno, es clave porque opositores del ex mandatario afirman que era imposible que el entonces presidente desconociera las labores de sus más cercanos funcionarios y de la policía secreta, que depende directamente de la Presidencia.

Uribe, un abogado de 59 años, ha negado haber ordenando ningún espionaje y mantiene que si lo hubo fue obra de funcionarios medios corruptos de la policía secreta.

La decisión de encarcelar a Moreno fue la segunda proferida esta semana en contra de colaboradores de Uribe.

El martes otro tribunal ordenó encarcelar al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, un economista de 38 años, por ser sospechoso de cometer irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas. Arias lo niega.

Como en Colombia los altos funcionarios y ex funcionarios gozan de fuero, sus procesos deben ser llevados directamente por la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, por lo cual tanto Moreno como Arias deberán encarar un proceso ante el máximo tribunal colombiano y para lo cual aún no hay fecha de inicio.

La jueza reprochó en la jornada a Moreno haber tenido contactos con abogados y ex funcionarios de la policía secreta que estaban siendo investigados por el escándalo del espionaje.

Fueron los abogados de las víctimas los que dijeron que en un encuentro, ocurrido en mayo del 2009 poco después de estallar en la prensa el escándalo del espionaje, Moreno habría intentado convencer al abogado de Jorge Lagos, ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía secreta, para que su cliente no mencionara al ex secretario general de la Presidencia en sus declaraciones ante las autoridades.

Tanto la Fiscalía General como los abogados dijeron que esa reunión era un indicio de que Moreno quería obstruir la justicia y por tanto debía estar en prisión mientras se desarrolla su juicio.

La defensa de Moreno aseguró que la reunión del 2009 con el abogado Rafael Martínez, defensor de Lagos, y funcionarios de un canal de televisión local fue para pedir que rectificara una versión divulgada por el noticiero.

La jueza dijo que "existen motivos razonablemente fundados para concluir que usted, durante el juicio que se va a celebrar, puede obstaculizar la justicia".

La audiencia de la jornada fue solicitada por los abogados de las 27 personas consideradas víctimas del espionaje, entre ellas los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para pedir el encarcelamiento de Moreno mientras se inicia el juicio y por considerar que intentó obstruir a la justicia.

Moreno, según la Fiscalía, ordenó el espionaje en contra de jueces, periodistas, activistas de derechos humanos, opositores del gobierno e, incluso, funcionarios de Uribe.

También de acuerdo con la Fiscalía, funcionarios del gobierno querían información sobre los miembros de la Corte Suprema que por entonces estaban procesando por vínculos con paramilitares a políticos afines a Uribe y conocer las actividades de periodistas que eran críticos de la gestión del ex mandatario.

Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional y miembro del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, dijo en diálogo telefónico que independientemente de si Moreno iba a prisión, lo importante "es que la justicia actúe y me parece que esta actuando".

Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia de Uribe, aseguró en diálogo telefónico que Moreno y Arias se han presentado a todas las audiencias y carecen de antecedentes penales, por lo que "no veo ninguna razón para considerarlos de peligrosidad" ni "ninguna razón para la privación de su libertad antes de una sentencia condenatoria".

Según ex funcionarios de la policía secreta, Moreno les dio instrucciones de seguir y averiguar detalles de la vida de políticos opositores, algunos magistrados y activistas. Tal espionaje, según la Fiscalía, se realizó entre 2007 y 2008.

Moreno y su abogado defensor mantienen que esos ex detectives dieron falsos testimonios buscando reducir sus condenas y no han presentado evidencias que sustenten sus señalamientos.

María del Pilar Hurtado, una ex directora del DAS también vinculada al caso, se asiló en Panamá en diciembre porque dijo temer por su seguridad en Colombia, donde empezó a ser investigada desde principios de 2009. La Fiscalía ha pedido la captura internacional de Hurtado.

El escándalo sobre el espionaje surgió en febrero de 2009, cuando medios locales lo denunciaron. La Fiscalía entonces inició una investigación por la cual al menos 20 funcionarios y ex funcionarios del DAS han ido a prisión.

Uribe sólo puede ser investigado, según las normas colombianas, por una comisión legislativa — la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes — que tiene peticiones de averiguar su responsabilidad en el caso, pero no ha decidido aún si le abre una causa formal.