La Corte Suprema de Justicia comunicó el sábado la decisión de no amparar la inscripción de la ex primera dama Sandra Torres como candidata presidencial para los comicios generales del 11 de septiembre, con lo que a la aspirante le queda como último recurso pedir un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad.

En conferencia de prensa el magistrado presidente de la CSJ, Luis Archila dijo que se resolvió con 12 votos contra 1 en forma negativa y que ya se ha notificado a las partes involucradas.

Archila dijo que hubo tres argumentos fundamentan la resolución. "El primero es que el tribunal considera que la prohibición constitucional contenida en el inciso c, del artículo 186 de la Constitución le es aplicable", señaló.

El artículo constitucional citado refiere que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente no pueden optar al cargo, y por su relación marital la ex primera dama ocupaba el primero grado en afinidad.

Según los magistrados "se considera que ese vínculo de familiaridad subsiste por todo el periodo presidencial que aún no ha vencido".

Luego determinó que el Registro de Ciudadanos, una dependencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sí tenía competencia para calificar si los candidatos "están comprendidos o no en las prohibiciones, requisitos y calidades que la Constitución y la ley de partidos políticos" contempla.

El tercer razonamiento de la CSJ es que en este caso sí se cometió "fraude de ley ", como señaló el Registro de Ciudadanos, porque Torres se habría divorciado para eludir la prohibición constitucional para optar al cargo.

Archila aclaró que el fraude de ley "no está tipificado ni constituye un ilícito penal".

Torres compareció el viernes a la CSJ, ante la cual argumentó que al prohibirle la inscripción de su candidatura se están violando sus derechos políticos.

Dijo que su divorcio del presidente Álvaro Colom es un tema personal y privado que no tiene que ver con su candidatura.

Torres puede ahora acudir a la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal del país, alegando que impedir su candidatura viola sus garantías ciudadanas.

El 11 de septiembre los guatemaltecos elegirán presidente, vicepresidente, diputados al congreso, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano.