La libertad de otro importante ex colaborador del ex presidente Alvaro Uribe está el viernes en manos de una jueza luego que un grupo de abogados pidiera su encarcelamiento por su aparente participación en una red de espionaje desde la policía secreta.

La audiencia comenzó pasado el mediodía y encabezada por la jueza Marlene Orjuela, quien deberá decidir si Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia de Uribe (2002-2010), debe ir a la cárcel mientras se desarrolla el juicio por su presunta actuación en los seguimientos ilegales contra algunos magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos y opositores, según las denuncias.

En caso de que Orjuela falle a favor de la solicitud de encarcelamiento, Moreno, un economista de 51 años, se convertiría en el segundo colaborador de Uribe en quedar detenido esta semana.

El martes pasado otro juez penal en Bogotá envió a la cárcel al ex ministro de Agricultura del 2006 al 2009, Andrés Felipe Arias, mientras se desarrolla el proceso en su contra por supuestas irregularidades cometidas en la entrega de subsidios agrícolas.

Contra Uribe no existe hasta ahora ninguna averiguación formal.

A finales de mayo pasado, otro tribunal de Bogotá se había abstenido de encarcelar a Moreno con el argumento de que no era un peligro para la sociedad, como argumentó la Fiscalía General al pedir su detención, y que se le debía respetar la presunción de inocencia hasta tanto se llegara a la etapa de juicio en la Corte Suprema de Justicia.

Los juicios a Moreno y Arias deben ser llevados por el máximo tribunal puesto que gozan de fuero y puede demorar meses conocer un fallo definitivo.

Tras la negativa del juzgado en mayo, un grupo de abogados de las supuestas víctimas del espionaje desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o policía secreta, solicitaron otra audiencia judicial para pedir su encarcelamiento porque, según dijeron, tenían en su poder nuevas pruebas que demostrarían que Moreno intentó hace más de dos años obstruir la investigación del caso.

Moreno y su abogado defensor Jaime Granados lo niegan.

Las personas aceptadas en el caso como víctimas son 27, entre ellas los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los ex senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como los periodistas Carlos Lozano y Daniel Coronell, explicó en diálogo telefónico el abogado Luis Guillermo Pérez, quien representa a la ex congresista Córdoba.

La Fiscalía ha imputado al ex secretario general de la Presidencia los cargos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, por los cuales podría recibir, en caso de ser hallado culpable, al menos tres años de prisión.

En la diligencia del viernes también participa la fiscal general Viviane Morales como parte acusadora.

En la jornada y al intervenir en la audiencia, la fiscal Morales dijo que tenían evidencias de que en mayo del 2009, poco después de estallar el escándalo del espionaje, Moreno se había reunido en un club de Bogotá con Rafael Martínez, quien era entonces abogado de uno de los funcionarios de la policía secreta investigados en el caso. Según los denunciantes, en tal reunión Moreno habría intentado convencer al abogado de no ser mencionado o citado en sus declaraciones ante la justicia.

En febrero de 2009, medios locales denunciaron que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o la policía secreta que depende directamente de la Presidencia, se realizaron del 2007 al 2008 seguimientos e interceptaciones telefónicas a algunos magistrados, periodistas y opositores de Uribe.

Desde entonces la Fiscalía lleva una vasta investigación y al menos 20 ex funcionarios del DAS han sido encarcelados por su presunta participación en las tareas de espionaje.