La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia aceptó hoy que la exsenadora Piedad Córdoba sea "parte civil" en un proceso del alto tribunal contra la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez por tráfico de influencias.

La Sala Penal de la CSJ consideró que Córdoba sí es víctima en ese proceso por cuanto Gutiérrez pudo haber presuntamente utilizado información privilegiada del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), tras interceptar ilegalmente el teléfono de la exlegisladora.

La causa contra Gutiérrez, afectada con detención domiciliaria, está relacionada con el caso de esas interceptaciones ilegales del DAS por cuanto considera que la expresidenta del Legislativo "habría recibido información reservada" en un claro tráfico de influencias.

Las interceptaciones ilegales, llamadas en Colombia "chuzadas", generaron un escándalo en el país al revelarse en febrero de 2009 de estos seguimientos ilegales realizados por el DAS a líderes de la oposición, entre ellos Córdoba, magistrados y periodistas.

La Fiscalía colombiana consideró que esas escuchas fueron parte de una "empresa criminal" dirigida desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

De acuerdo a la Corte, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, puso al servicio de Gutiérrez "funcionarios de la institución para que entregaran documentos reservados con una clara finalidad".

La expresidenta del Congreso es investigada por solicitar esa información reservada de la exsenadora Córdoba, para utilizarla en un debate de control político en el Congreso el 25 de marzo de 2008.

El abogado de Córdoba, Luis Guillermo Pérez, señaló a periodistas que la exlegisladora, directa afectada, no pretende ninguna indemnización si no "la reparación mediante las excusas públicas" de Gutiérrez.

"Queremos la búsqueda de la verdad y conocer quiénes fueron los que le hicieron daño y quieren acabar con su imagen", dijo el abogado Pérez.

En septiembre pasado, la Procuraduría destituyó e inbahilitó por 18 años a Córdoba por sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).