Las tasas de Italia sobre los préstamos aumentaron el jueves en una venta de bonos por 7.960 millones de euros (11.350 millones de dólares), al incrementarse los temores de que la crisis de deuda alcance a la tercera mayor economía de la eurozona.

En otros países de la eurozona, el gobierno portugués presentó un proyecto de reforma laboral, mientras que en Atenas banqueros internacionales y autoridades griegas estaban reunidos para determinar los detalles de un complejo plan encaminado a reestructurar la deuda.

Italia vendió 3.500 millones de euros en bonos a tres años al 4,8%, un aumento de 1,1 puntos porcentuales durante la subasta del mes pasado. La tasa sobre bonos a 10 años valorados en 2.690 millones de euros fue de 5,77%, un incremento de un 0,8 punto porcentual en comparación con junio.

Algunos analistas del grupo bancario Unicredit dijeron que los resultados estaban dentro de sus expectativas, e hicieron notar que los bonos a tres años habían estado bajo una presión especialmente intensa en los últimos días.

"La subasta llegó en medio de un ambiente de mercado muy difícil, con el tema del límite de la deuda de Estados Unidos aún sin resolverse, y rumores infundados en la mañana de adquisición (de bonos) por parte del ECB (siglas en inglés del Banco Central Europeo) y la posible renuncia (del ministro de Finanzas Giulio) Tremonti. Todo esto no ayudó a crear un ambiente amigable para la subasta", señaló Unicredit.

A pesar de las evidentes tensiones entre Tremonti y el primer ministro Silvio Berlusconi, el ministro de Finanzas — al que se le acredita haber guiado a Italia a través de la crisis del 2008 — no ha mostrado indicios de querer renunciar, y sigue gozando del respaldo de muchos funcionarios gubernamentales.

Por otro lado, en Lisboa, el nuevo gobierno portugués presentó ante el Parlamento su primera propuesta de gran envergadura para una reforma laboral.

La reducción propuesta en los pagos de compensación a los trabajadores despedidos forma parte de una larga lista de medidas que Portugal se comprometió a tomar a cambio de un paquete de rescate económico por 78.000 millones de euros (112.000 millones de dólares), parte de los esfuerzos de Europa por contener la crisis de deuda soberana en el continente.

Los empleadores dijeron que la medida ayudará a reducir la desocupación récord que enfrenta el país, al permitir a las compañías contratar trabajadores sin comprometerse a efectuar erogaciones futuras potencialmente grandes. Sin embargo, los sindicatos consideran que ello afecta los derechos de los trabajadores y están organizando protestas.

El gobierno, formado por una coalición de tendencia centroderecha, cuenta con suficientes votos en el Parlamento para asegurar que su propuesta sería aprobada.

En Atenas, banqueros internacionales y autoridades griegas estaban reunidos para determinar los detalles de un complejo plan encaminado a reestructurar la deuda griega en manos privadas bajo el nuevo acuerdo de rescate al país heleno.

El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, dijo que las conversaciones comenzaron el jueves en la capital de Grecia "de la manera más alentadora".