El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo no tiene derecho a cuestionar su extradición a Estados Unidos y su petición de ser liberado ha de ser rechazada, dijeron fiscales de Nueva York en documentos disponibles el martes.

La oficina del procurador general del distrito sur de Nueva York asegura en los documentos, disponibles en la Corte Federal de Manhattan, que Portillo no puede cuestionar la solicitud de su extradición porque se encuentra bajo custodia del gobierno guatemalteco.

El ex mandatario (2000-2004) enfrenta acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos. Si es extraditado para podría enfrentar hasta 20 años de cárcel y una fuerte multa, según la fiscalía.

Los fiscales aseguraron además que la solicitud de extradición del ex gobernante mandatario no está sujeta a revisión judicial y es perfectamente legal.

"La petición (de los abogados de Portillo) debería ser descartada. No tiene mérito alguno. Ante todo, el amparo habeas corpus claramente no está disponible para Portillo, un ciudadano que no es estadounidense y que está bajo la custodia de un gobierno extranjero", aseguraron los fiscales.

"Segundo, aunque el amparo habeas corpus estuviera disponible, su cuestionamiento a la decisión del Secretario de Estado de pedir a Guatemala que lo extradite a Estados Unidos no es justiciable", señalaron.

Elles Davis, portavoz de la oficina del procurador general del distrito sur de Nueva York, dijo el martes a la AP que no hablaría sobre los documentos. Estos fueron entregados a la corte el lunes por la noche.

La oficina de Davis respondió así a una moción presentada por los abogados de Portillo en la que éstos pedían pruebas para justificar la legalidad de la detención del ex presidente en Guatemala.

La oficina del procurador tenía como fecha límite el 25 de julio para responder a la moción.

Portillo está acusado de malversación de millones de dólares del gobierno de Guatemala a través de cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos y Europa. Se apropió del dinero de tres formas distintas, según la acusación formal hecha pública en enero del 2010.

Primero, Portillo está acusado de malversar aproximadamente 2,5 millones de dólares en el 2000 y el 2002 que habían sido ofrecidos por la embajada de Taiwan en Guatemala. Parte del dinero había sido dispuesto en un principio para financiar un programa de educación guatemalteco llamado "Bibliotecas para la paz".

La fiscalía también acusa a Portillo de desfalco de aproximadamente 30 millones de quetzales (aproximadamente 3,9 millones de dólares) que pertenecían al Ministerio de Defensa guatemalteco. El delito supuestamente se cometió en el 2001.

La tercera acusación es que Portillo malversó fondos de las reservas del banco Crédito Hipotecario Nacional entre el 2000 y el 2003, según los documentos de la corte.

Portillo fue absuelto en mayo, en Guatemala, de una acusación de peculado en la que figuraba como imputado junto a sus ex ministros de Defensa y Finanzas. Por el mismo caso tiene pendiente la solicitud de extradición de Estados Unidos.

Los fiscales de Nueva York aseguran en los documentos judiciales que las cortes guatemaltecas están en lo correcto cuando afirman que la extradición de Portillo cumple con las pautas de la ley internacional.

Las cortes guatemaltecas tienen razón porque la Convención de la ONU Contra la Corrupción añade el lavado de dinero a la lista de delitos extraditables incluidos en el tratado bilateral de extradición entre Guatemala y Estados Unidos, dicen los fiscales.

Uno de los abogados de Portillo, Glen McTaggart, dijo a la AP el martes que responderá a las conclusiones de la fiscalía en un periodo de 30 días, tal como ordenó el juez Robert Patterson.

El defensor ha dicho previamente que la solicitud de extradición de Portillo es ilegal y que la fiscalía debería revocarla. Explicó que el Departamento de Estado estadounidense ha excluido la convención de la ONU como base legal para extradición.

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Claudia Torrens está en Twitter como @ClaudiaTorrens

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