Tras reiteradas protestas y críticas y a casi un año y medio de registrada la catástrofe, el presidente Sebastián Piñera decidió designar un delegado presidencial encargado de acelerar la reconstrucción de viviendas destruidas por el sismo y tsunami de febrero del 2010.

Piñera encomendó el lunes a su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la designación del encargado de acelerar la reconstrucción, mencionándose la posibilidad que sea Felipe Kast, dejó el cargo de ministro de Planificación en un reciente cambio en el gabinete, y quien ha sostenido varias reuniones con las autoridades.

El portavoz oficial, Andrés Chadwick, dijo el martes que la designación de Kast, un joven político derechista con vínculos con los problemas sociales, "es una posibilidad", pero su designación oficial se hará cuando se tengan resueltas sus facultades. La tarea de reconstrucción de viviendas está a cargo del ministerio de Vivienda, las que deberán ser traspasadas al delegado presidencial.

Según el catastro oficial, en el devastador sismo y tsunami del 27 de febrero del 2010 resultaron destruidas o seriamente dañadas 220.000 viviendas, sobre todos en las regiones del Maule y Bíobío, en el sur del país, donde la catástrofe tuvo sus mayores efectos.

El gobierno instaló campamentos en viviendas de emergencia a unas 20.000 personas, las que viven en precarias condiciones. Las autoridades prometieron que este año tendrían resuelto el problema y que los damnificados no volverían a sufrir las consecuencias del duro invierno en sus regiones.

Pero hasta ahora sólo se han reparado 47.000 viviendas y se han construido 3.000, que son insuficientes para cubrir las necesidades de la cantidad de afectados.

En las últimas semanas se han registrado fuertes protestas de habitantes de Dichato, una pequeña localidad costera situada en la región del Bíobío, a unos 500 kilómetros al sur de esta capital, arrasada por el sismo y posterior tsunami.

También en sectores oficialistas se han registrado críticas por la lentitud en la reconstrucción. Por ello el mandatario, que enfrenta una fuerte caída de popularidad y protestas de diversos sectores sociales, resolvió la designación del delegado presidencial para acelerar el proceso reconstructivo.

El gobierno estimó los daños por el terremoto en 30.000 millones de dólares, de los cuales 9.000 son de costo del estado. Ese gasto ha sido financiado de varias formas, incluso con el uso de los millonarios ahorros gestados por el alto precio del cobre, el principal producto de exportación del país.