En una esquina protegida por la sombra en el centro de La Habana, un grupo de cubanos se aglomeran al amanecer y conversan animadamente. Se saludan siempre con la misma frase: "¿Qué permutas?".

Se trata del mercado informal de viviendas de Cuba donde, debido a la crónica escasez de lugares donde vivir, desde recién casados hasta jubilados se reúnen para pactar acuerdos clandestinos que a veces alcanzan los miles de dólares. Están violando no sólo la ley sino también la doctrina comunista al beneficiarse de la venta de las propiedades, y el gobierno se dispone ahora a involucrarse en el asunto.

El presidente Raúl Castro ha prometido legalizar la compra y venta de viviendas antes de fin de año, como parte del mismo paquete de reformas económicas según el cual los cubanos podrán ser empresarios en 178 actividades autorizadas como instalar restaurantes, ejercer como planificadores de bodas, plomeros y carpinteros.

Si se legaliza el mercado de la vivienda, el gobierno se podría beneficiar generosamente. La escasez de vivienda se reduciría, se estimularía el empleo en el sector de la construcción y se generarían ingresos por concepto de impuestos. Además se combatiría la corrupción por parte de funcionarios que reciben sobornos a cambio de aprobar acuerdos ilegítimos, y le daría a la gente un marco legal para resolver disputas que no pueden ventilarse pues se realizaron en el mercado negro.

Probablemente también atraerá dólares de cubanos en el exterior, quienes seguramente enviarán dinero a sus familiares para que compren, amplíen o remodelen sus viviendas, especialmente desde que el presidente estadounidense Barack Obama relajó el embargo y permitió el envío ilimitado de remesas.

"Todas estas cosas están vinculadas", dijo Sergio Díaz-Briquets, un experto demográfico basado en Estados Unidos. "Ellos quieren que los cubanos expatriados den dinero al estado cubano, y éste es un gran incentivo para que la gente ayude a sus familiares".

Sin embargo, habrá pocos cambios en la economía cubana tan difíciles de implementar como una reforma al sector de viviendas.

Desde los primeros días de la revolución, Fidel Castro denunció a los arrendadores explotadores, y promulgó una reforma que le daba la propiedad a quien esté ocupando el inmueble. Debido a su ausencia, las viviendas de la mayoría de los que han salido de Cuba han caído en manos del estado. El gobierno, según la prédica de Castro, le suministraría todas las necesidades al ciudadano: empleo, alimento, educación y vivienda, gratis o casi gratis.

Ya antes de la revolución había escasez de viviendas, construcciones defectuosas y mantenimiento insuficiente. Y después de la revolución las viviendas continuaron deteriorándose: el embargo estadounidense limitó el suministro de materiales de construcción y las nuevas construcciones no satisfacían la creciente demanda.

Entre tanto, el efecto de los numerosos temporales, huracanes y el salitre del mar mermaron las estructuras de las casas en las zonas rurales y en La Habana Vieja. El famoso Malecón de La Habana está poblado de terrenos baldíos y otrora majestuosas mansiones que están al borde del colapso.

Mientras la nueva ley no sea promulgada, las opciones legales para los cubanos son muy limitadas. Pueden inscribirse en proyectos de cooperativas de construcción, ampliar las construcciones en propiedades ya existentes o inscribirse en la larga lista de espera para viviendas del gobierno. O pueden dirigirse al mercado al aire libre con la esperanza de negociar una "permuta", que oficialmente es un trueque de propiedades de valor similar pero que en realidad usualmente implica el intercambio de dinero.

Algunos contratan a "corredores" como Manuel Valdez, un ex militar de 83 años de edad que ha estado administrando ese tipo de transacciones por cuatro décadas. En el bazar al aire libre, Valdez controla las sesiones en un banco de concreto y anota las transacciones en un cuaderno deshilachado y en una cartulina amarrada a un árbol.

Observando a la gente haciendo negocios a su alrededor, Valdez comenta que la escasez de vivienda es un problema tan grande que la legalización es inevitable: "Esta es una situación que el estado tenía que quitarse de encima de una forma u otra".

Los cubanos también pueden acudir a www.revolico.com, un sitio de internet dedicado a cubanos donde las propiedades se ofrecen a veces por decenas de miles de dólares. Los operadores del sitio aseguran que sólo la sección de bienes raíces recibe 30.000 visitas al mes, aunque los isleños tienen que hallar la manera de burlar el bloqueo cibernético para poder accederla.

Algunos cubanos contraen matrimonios fraudulentos a fin de facilitar la transferencia de propiedades. Otros se mudan a viviendas y dicen que es para cuidar a algún anciano que reside allí; se registran en esa dirección y, tras pasar suficiente tiempo, pueden legalmente declararse "herederos" del inmueble. No hay registros oficiales de intercambio de dinero.

Un profesional de La Habana que tiene un cargo con un sueldo mucho mayor al cubano promedio relató que cambió su diminuto apartamento en el cual vivió 10 años por una casa inmensa de diseño histórico pero en la cual el baño se estaba derrumbando y cuyos ocupantes, una pareja de unos 60 años de edad, ya no podía encargarse de su mantenimiento.

La pareja se mudó a su apartamento que fue remodelado y pintado. Además recibieron 1.200 dólares en efectivo, lo cual no sería ilegal si se aprueba la reforma que el gobierno está considerando.

El cubano reflexionaba sobre lo anormal de la situación de gente con dinero que no tiene vivienda que comprar, y el riesgo que todos corren al querer mudarse. Algunas personas han perdido sus viviendas, confiscadas por el gobierno cuando se destapó su transacción ilegal.

"Sería valiosísimo que tú pudieras hacerlo legalmente", comentó el profesional, que pidió no ser identificado.

"La escasez de vivienda es un problema grave", dijo Díaz-Briquets, quien en un trabajo reciente estimó que Cuba, con una población de 11 millones de habitantes, sufría una escasez de unas 1,6 millones de "unidades habitacionales adecuadas".

"Durante años han tratado de resolver este problema, y al final se percataron de que el Estado no podrá resolverlo", comentó.

El gobierno cubano calcula que la escasez es más como 500.000 viviendas. Aun así, la situación actual es que hay una gran cantidad de parejas divorciadas que siguen bajo el mismo techo; recién casados obligados a convivir con hermanos, primos y tíos; gente anciana que no puede reparar sus maltrechas viviendas.

Un ejemplo típico es el de Juana Inés Delgado. Ella comparte su pequeño estudio en La Habana con su hijo adulto, su hija casada y su nieta de 4 años, mientras su yerno pasa las noches en la casa de una tía al otro lado de la cuadra.

"Es un matrimonio que no es un matrimonio como debe de ser, ¿tú me entiendes?", dijo Delgado, de 61 años. "Aspiro a que mis hijos no tengan que terminar su vida aquí en esta condición".

Los expertos en temas cubanos advierten que la nueva ley es sólo el primer paso hacia la solución del problema habitacional, y destacan que intencionalmente no llega a ser un mercado de bienes raíces al estilo capitalista.

Raúl Castro declaró que la propiedad de viviendas será limitada a una por individuo a fin de evitar la acumulación de riqueza. El gobierno anunció planes de otorgar créditos para la compra de materiales de construcción, pero no se divulgaron los detalles y no se elaboró un mecanismo para hipotecas. Habrá impuestos tanto para compradores como vendedores, y si los impuestos son excesivos, ello podrá provocar que la gente no reporte la cantidad de dinero acordada.

Sólo cubanos y residentes permanentes podrán adquirir propiedades, pero existe por lo menos el potencial de que algún extranjero use el nombre de un cubano para comprar por ejemplo una mansión histórica estilo art-deco frente al mar.

"Si uno empieza a caminar por la vía de la acumulación de propiedad, quién sabe dónde terminará", comenta Rafael Romeu, un experto en economía cubana basado en Estados Unidos.