La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha declarado que el Gobierno tiene "la obligación" de construir el tren de alta velocidad que unirá las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, después de que este mes fracasara la subasta pública del proyecto, informó hoy la prensa del país.

La jefa del Estado señaló que el fracaso de la primera licitación se debió a la gran diferencia de precios entre las propuestas de las empresas y la cifra proyectada por el Ejecutivo, en un encuentro celebrado anoche con varios periódicos brasileños en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno.

"No creo en esos costes. No creo que la consultoría del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) se haya equivocado tanto", dijo la presidenta.

En opinión de la mandataria, no se debe permitir que "ninguno de esos agentes se aglomere a tal punto que formen un precio", en referencia a las compañías que integraban los consorcios interesados en el proyecto.

El sector privado nunca estuvo de acuerdo con las previsiones de coste para la construcción de la línea de alta velocidad del Gobierno, que situaba en 33.100 millones de reales (unos 21.299 millones de dólares) el valor del proyecto, mientras que las empresas elevaban hasta los 50.000 millones de reales (unos 32.100 millones de dólares) el montante necesario para acometer las obras.

El pasado día 11 fracasó la subasta para el proyecto después de que ningún consorcio presentara propuestas, lo que obligó al Gobierno a cambiar el modelo de licitación, que se hará en dos etapas en fechas no definidas.

Según el director general de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, que convoca la licitación) Bernardo Figueiredo, en una primera fase se escogerá mediante licitación el modelo de tecnología para la operación y mantenimiento del sistema de alta velocidad, y en una segunda se elegirá al grupo encargado de ejecutar las obras de infraestructura.

La subasta había sido fijada inicialmente para el 16 de diciembre del año pasado pero, también por falta de interesados, se aplazó para el 29 de abril último y, por los mismos motivos, se postergó para el 29 de este mes, aunque la no presentación de ofertas obligó al Gobierno a suspenderla 18 días antes.