El Tribunal Supremo de Cuba revisó el viernes a pedido de la defensa la sentencia de 15 años al contratista estadounidense Alan Gross, aunque un veredicto respecto a si será modificada se dará a conocer dentro de algunos días.

"El tribunal va a escuchar los argumentos de la defensa", dijo a periodistas la defensora Nuris Piñero en la puerta de la sede judicial ubicada a algunas cuadras del Palacio de la Revolución.

La casación, como se denomina el recurso agotado en la audiencia del viernes, es la última instancia judicial que le queda al estadounidense para revertir o modificar la sentencia en su contra, aunque analistas dijeron que al concluir el proceso legal se abría la puerta para gestionar una amnistía o indulto de tipo humanitario.

"La abogada defensora alegó los elementos que sustentan la inconformidad del acusado con la decisión del tribunal de primera instancia, mientras que Alan Phillip Gross al ejercer el derecho de última palabra concedido por el tribunal, expuso los criterios que consideró pertinentes y agradeció la posibilidad de explicarlos personalmente ante los jueces", señaló un comunicado gubernamental divulgado por el portal oficial Cubadebate.

"El máximo órgano judicial dará a conocer su sentencia definitiva en los próximos días", manifestó la nota.

El experto de la Universidad de Denver, en Estados Unidos, Arturo López Levy, consideró beneficioso para las relaciones bilaterales una eventual liberación de Gross.

"Gross es principalmente una víctima de la política estadounindense hacia Cuba. Un gesto humanitario cubano hacia la familia Gross, la comunidad judía del mundo y el pueblo norteamericano daría impulso a quienes abogan por relaciones constructivas entre La Habana y Washington", manifestó en una declaración enviada a periodistas por correo electrónico.

Gross, de 62 años, fue condenado a 15 años a comienzo del 2010 acusado de cometer delitos en contra de la seguridad del estado, al intentar ingresar clandestinamente en septiembre del 2009 equipos de telecomunicaciones. Trabajaba para la Development Associates International, una firma que presta servicios a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Los equipos, según Washington, serían utilizados en programas de apoyo a la democracia y se los entregaría en especial a la comunidad judía de Cuba, pero las autoridades de la isla consideran que estas iniciativas son sólo pantallas para financiar actividades antigubernamentales y muestran cómo Estados Unidos trata de inmiscuirse en asuntos internos.

"Nosotros esperamos que Alan sea liberado", dijo a la AP Julissa Reynoso, diputada asistente del Departamento de Estado norteamericano para los Asuntos del Hemisferio Occidental

El caso se convirtió en un tema más de fricciones entre Cuba y Estados Unidos, enfrentados desde el triunfo de la revolución en la isla, y echó luz también sobre los programas que la Casa Blanca financia en relación a la nación caribeña.

En abril, tras conocerse el veredicto contra Gross, el senador demócrata John Kerry, presidente del comité de Relaciones Exteriores, dijo a la prensa que "no existen evidencias de que los programas de promoción de democracia, que han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 150 millones de dólares hasta el momento, estén ayudando al pueblo cubano".

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Paul Haven, corresponsal de la AP en La Habana, contribuyó con este reporte.