Las frutas, legumbres y hortalizas entrarán en la lista de los productos de consumo masivo cuyos precios de venta los fija el Gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció hoy el ministro de Alimentación, Carlos Osorio.

"Es totalmente ilógico que si el Gobierno otorga semillas, fertilizantes, abonos, créditos, insumos, títulos de tierras, licencias de importación y asesoría técnica estos rubros (productos), una vez cosechados, tengan precios irrazonables y con ganancias exorbitantes", dijo a la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El control estatal de precios que rige para más de un centenar de productos fue instaurado en 2003 junto a un control estatal de divisas, inmediatamente después de una huelga empresarial y sindical que durante 63 días presionó infructuosamente por la renuncia de Chávez, uno de los líderes del llamado socialismo del siglo XXI.

Las frutas, legumbres y hortalizas no constan en el listado, que a partir de ahora será parte de una nueva ley, y "la especulación" que se evidencia en los precios de venta justifican la medida gubernamental, añadió Osorio.

A estos productos agrícolas se les fijará un precio que reconozca "un margen de ganancia razonable", agregó y garantizó que ello será acordado entre funcionarios gubernamentales con "representantes de la cadena de productiva".

"Hay zonas de producción primaria donde se reúnen cuatro o cinco capitalistas que manejan las mafias de distribución y deciden el precio del tomate, la papa, la cebolla y el pimentón. Eso lo tenemos que corregir", subrayó.

"Como se trata de productos agrícolas que no están regulados (por el Gobierno) es el capitalista quien le coloca el precio que le da la gana. Eso no es justo. Por esta razón nos sentaremos con los sectores, evaluaremos la cadena de producción y colocaremos márgenes de ganancias razonables", insistió.

El asunto, confirmó el ministro, forma parte de la nueva Ley de Costos y Precios Justos, que Chávez sancionó la semana pasada.

Elías Jaua, vicepresidente del Ejecutivo de Chávez, admitió el pasado lunes que la nueva Ley es un mecanismo de "transición hacia el socialismo", pero aseguró que no busca quebrar ni expropiar a nadie, a pesar de que entre las sanciones contempla inhabilitaciones e intervenciones.

"Son estos los instrumentos destinados a garantizar la transición hacia el socialismo para que nuestro pueblo, aún cuando vivamos en una sociedad intervenida por las variables del capitalismo, no pierda el derecho a tener una vida digna", dijo Jaua ese día.

También garantizó que el Gobierno convocará a todos los sectores productivos e importadores a mesas de trabajo para informar del alcance y objeto de la ley, y establecer equipos de trabajo conjuntos para dictaminar los costos de producción y de importación, así como fijar los precios máximos de venta.

"Nos vemos obligados a establecer este instrumento, ya que de nada ha valido toda una política de favorecimiento para el sector privado nacional, preferencias de protección arancelaria para la producción nacional, políticas crediticias, mesas de diálogo, acuerdos para crear bandas de precios que son irrespetadas", señaló Jaua.