Las agresiones, amenazas y hostigamientos contra defensores de migrantes en México han ido en aumento en los últimos años, según un reporte de una comisión pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que ha contabilizado un total de 62 incidentes desde 2004.

El "Informe sobre la situación de las y los defensores de las personas migrantes en México" señaló que de 2004 a 2009 se registraron sólo 18 incidentes de seguridad contra los defensores, mientas que sólo en 2010 contabilizaron 29 y 15 más entre enero y junio de 2011.

Los incidentes incluyen los asesinatos de dos personas vinculadas con la defensa de los migrantes: el de un activista en 2007 en el estado norteño de Nuevo León y el de un ex funcionario del estado sureño de Chiapas en 2008.

"En este plazo (2004-2011) han asesinado a dos defensores de migrantes, nos han amenazado, golpeado, hostigado, acusado penalmente por nuestra labor de denuncia, un defensor se exilió, una casa del migrante y un centro de derechos humanos tuvieron que cerrar por falta de seguridad", dijo Rafael Romo, arzobispo de Tijuana y responsable de la Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM.

Dijo que han visto la participación creciente de funcionarios públicos en los incidentes contra los defensores, aunque también de presuntos miembros del crimen organizado.

El reporte es presentado tres días antes de que llegue a México el relator sobre trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar la situación actual en el país.

Miles de migrantes, en su mayoría centromericanos, utilizan cada año territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos, aunque en su trayecto enfrentan diversos riesgos, desde extorsiones hasta secuestros y asesinatos a manos de grupos criminales e incluso autoridades.

Romo dijo que la violencia que afecta a los migrantes también se extiende a quienes los defienden, incluidos sacerdotes que encabezan albergues para atenderlos, por lo que llamó a las autoridades a atender las denuncias y poner en marcha un mecanismo de protección que recientemente anunció el presidente Felipe Calderón.

La Pastoral de la Movilidad Humana tiene cerca de 50 casas y albergues para migrantes en todo el país. Una de esas es la que encabeza el sacerdote Alejandro Solalinde, quien ha sido blanco de diversas amenazas por su labor en favor de los migrantes que ha incluido la visibilización del problema del secuestro contra migrantes.

"Yo no soy policía soy misionero... (pero) he tenido que aprender a ser investigador para proteger" a los migrantes, dijo Solalinde, quien sostiene que las autoridades suelen minimizar sus denuncias de ataques a las personas que llegan o pasan por su albergue en el estado sureño de Oaxaca.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló recientemente que sólo entre abril y septiembre de 2010 habían sido secuestrados al menos 11.333 migrantes en 214 plagios masivos, que en su mayoría nunca fueron aclarados. En muchos casos se ha responsabilizado al cartel de las drogas de Los Zetas.

Las autoridades mexicanas han admitido que ha habido funcionarios involucrados en algunas de las agresiones contra los migrantes. Sobre el informe presentado en la jornada por la CEM no se han pronunciado.

México promulgó en mayo una nueva ley que reconoce y protege los derechos de los migrantes, sin importar su estatus legal, en un intento por minimizar los riesgos que enfrentan en el país.

La Ley de Migración establece que los migrantes tienen derecho a recibir servicios educativos y de salud, además de acceso al sistema de procuración de justicia y presentar quejas por violaciones a sus derechos humanos, sin importar si son indocumentados.