Un tribunal dijo que informará el martes si el ministro de Agricultura del ex presidente Alvaro Uribe irá a la carcel mientras se le procesa por presuntas irregularidades en la entrega de millonarios subsidios agrícolas.

La decisión fue anunciada por el juez Orlando Fierro en el segundo día de audiencia pública en un tribunal penal y el caso en contra del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, un economista de 38 años.

La diligencia de la jornada se centró en la presentación de los argumentos de la defensa de Arias, mientras que el jueves fue la Fiscalía, que le imputó al ex ministro los cargos de celebración de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales" y "peculado por apropiación a favor de terceros".

La Fiscalía solicitó enviar a Arias a la cárcel para evitar que obstruya la justicia y por "constituir un peligro para la sociedad".

Fierro dijo que para poder analizar los argumentos de las dos partes requería tiempo y entonces convocó a una nueva audiencia para el 26 de julio.

En caso de que disponga la detención de Arias, el ex ministro sería el primer colaborador de Uribe (2002-2010), en ir a prisión. Ya ante los estrados judiciales está Bernardo Moreno, su secretario general en la presidencia, por su presunta participación en una red de espionaje desde la policía secreta.

Como Arias no aceptó los cargos imputados el jueves por la Fiscalía, el proceso continúa y un fallo para establecer si es culpable o inocente puede demorar varios meses.

De ser hallado culpable de peculado, Arias podría purgar al menos seis años de prisión.

La causa contra Arias genera posturas encontradas según comentaristas y políticos consultados telefónicamente por la AP.

El caso por el cual Arias es investigado se refiere al llamado programa "Agro Ingreso Seguro" o AIS, implantado en el 2007 y que buscaba entregar subsidios al sector agrícola para estimular su producción y competitividad.

Pero, según la Fiscalía, el programa de subsidios carecía de formas de vigilar su correcta aplicación, en un plan que terminó entregando dinero a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para obtener varias veces la asistencia estatal.

Como los subsidios se entregaron bajo la forma de contratos directos, se violaron principios legales como el de la obligación de convocar a licitaciones públicas previas a la entrega de los fondos, de acuerdo con la Fiscalía, pero además Arias sabía de estas irregularidades y aun así continuó con el programa AIS para favorecer sus "intereses políticos", es decir, apuntalar una candidatura presidencial, acciones que comenzó en el 2009.

Rafael Pardo, director del partido Liberal, que es parte de la coalición en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, expresó que "desde hace casi dos años yo estuve haciendo esas denuncias sobre el programa (de subsidios)... sobre la inequidad que generaba, sobre la utilización política".

La defensa de Arias dijo en la jornada que los contratos directos son tan usuales y permitidos en la ley colombiana que el actual gobierno renovó en octubre y por dos años, uno que databa de los tiempos de Arias para la zona del departamento del Magdalena, en el norte del país. Entonces, "¿por qué los convenios (de Arias) son un acto de corrupción?", preguntó el abogado.

Dijo también que la Fiscalía no utilizó todos los datos sobre el programa AIS. "La Fiscalía... se limitó a traer selectivamente informes", indicó el defensor al mostrar copias de otros reportes de Econometría, la misma firma citada por el ente acusador el jueves, y que dijo dan cuenta de que hasta agosto pasado al menos 316.000 familias del campo, ocupando más de un millón de hectáreas, fueron beneficiadas con los subsidios.

Se entregaron además, dijo el abogado, 1,5 billones de pesos (unos 852 millones de dólares) a 85.000 familias, la mayoría de ellas pequeñas y medianas campesinas.

Entonces "por los abusos de unos pocos, menos de 0,1% de todos los beneficiarios (del AIS), que utilizando maniobras fraudulentas, que quisieron obtener más ventajas... todo el programa fue satanizado... convertido en delito por la Fiscalía", advirtió Gómez al asegurar que Arias nunca supo de esas maniobras de fraccionar tierras como aseguró el ente investigador.

La fiscal aun no reveló qué grupos favorecidos con los subsidios pudieron ser también contribuyentes a la campaña de Arias. El ex ministro renunció en febrero del 2009 a la cartera de Agricultura, que ocupaba desde el 2006, para buscar la nominación presidencial del Partido Conservador, la cual no consiguió. El abogado dijo que al menos dos beneficiarios del AIS sí aportaron fondos a la campaña y Arias devolvió el dinero en cheques y entregó al tribunal copias de tales devoluciones.

De acuerdo con la Fiscalía General, los perjuicios al Estado por las irregularidades cometidas por Arias ascienden a unos 43.000 millones de pesos (unos 23,8 millones de dólares). La cifra estuvo por debajo de los cálculos iniciales de la propia Fiscalía, que hablaban de unos 169 millones de dólares.