La desclasificación de documentos castrenses relacionados a la guerra civil de Guatemala ha permitido responder a un centenar de solicitudes de información vinculadas a 41 procesos judiciales a militares acusados de violar derechos humanos.

Los militares responsables de evaluar los documentos a ser desclasificados se encuentran en Washington para informar que ha cumplido con poner a disposición del público archivos militares cumpliendo con uno de los requisitos de Estados Unidos para levantar la restricción de brindar apoyo económico y logístico a las fuerzas terrestres guatemaltecas, vigente desde los años 70.

El general del ejército Eduardo Morales, uno de los tres integrantes militares de la comisión presidencial para la desclasificación de documentos castrenses relacionados a la guerra civil de Guatemala, dijo el jueves en la capital estadounidense que los 41 procesos involucran a 16 oficiales, 12 especialistas y 13 soldados.

Los integrantes de la comisión, creada en 2009 y desmantelada este mes, presentarán al ministerio de Defensa las recomendaciones recogidas durante su visita a Washington, que concluirá el sábado.

El comisionado Marco Tulio Alvarez calificó la desclasificación como un paso adelante en la transparencia gubernamental y señaló que el objetivo principal es darle a la población la información que ayude en proceso para la búsqueda de la verdad, memoria y justicia en Guatemala.

Explicó que el archivo es solo una de varias fuentes a consultar y ha generado gran expectativa entre las organizaciones pro derechos humanos.

Según Morales, los representantes de organizaciones pro derechos humanos han sugerido colocar la información en internet para que los interesados no tengan que trasladarse hasta la oficina del ejército que actualmente opera el software de consulta.

Aimismo, informó que desde 2009, las solicitudes de información atendidas por la comisión ascienden a un total de 640, de las cuales 156 corresponden al 2011.

El presidente Alvaro Colom anunció el 30 de junio su decisión de desclasificar los archivos, siguiendo las recomendaciones de la comisión que revisó 12.342 documentos y concluyó que solo 55 deben permanecer confidenciales por contener información sensible para la seguridad nacional. Un total de 600 estarán en reserva parcial.

Aníbal Samayoa, otro integrante de la comisión, explicó que los 55 documentos confidenciales podrán sin embargo ser consultados por orden judicial.

Morales informó que la comisión halló 740 documentos, de los cuales 11 son confidenciales, correspondientes al periodo entre 1980 y 1985, cuando se cometió la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de 36 años que devastó al país y dejó más de 200.000 muertos. Concluyó con unos acuerdos de paz en 1996.

El comisionado José Antonio Lemus explicó que "para determinar documentos faltantes necesitamos la certeza de que sí existieron, pero pudo haber sucedido que se hicieron actividades no documentadas. Esos documentos no necesariamente tienen que existir".

El ejército ya había dicho que no existen archivos de entre 1980 y 1985, cuando gobernaron Romeo Lucas (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía Víctores (1983-1985). Cuando la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) indagó sobre los documentos militares de la época más sangrienta de la guerra civil, los militares negaron que existieran.

Aunque la CEH contabilizó las violaciones a los derechos humanos durante el periodo histórico de 36 años que duró el conflicto, la mayor parte de las atrocidades, incluidas más de 600 masacres y una oleada de desapariciones de activistas y políticos, fueron cometidas durante el primer lustro de los años 80.

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Luis Alonso Lugo está en twitter como @luisalonsolugo