Brasil y Argentina enviaron técnicos para identificar autos robados en sus países entre los 128.000 vehículos ingresados de contrabando a Bolivia y que el gobierno de Evo Morales comenzó a legalizar.

Bolivia solo había pedido a sus vecinos Perú, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay una lista de vehículos robados, pero Argentina "está enviando un técnico para trabajar con la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) en el análisis de los vehículos observados", dijo el jueves el embajador de ese país Horacio Macedo, tras una reunión con funcionarios bolivianos.

Su colega de Brasil, Marcel Biato, anunció en la víspera la llegada de técnicos de su país para colaborar con la policía que tiene a su cargo la revisión de los vehículos antes de su legalización.

Representantes de los cinco países se reunieron el miércoles con el vicecanciller Juan Carlos Iturralde para coordinar un plan de cooperación. Informes extraoficiales indicaron que entre 4.000 y 5.000 autos robados en naciones vecinas pudieron haber ingresado a Bolivia en los últimos años. Macedo habló de "90 casos" que interesan a su país.

La decisión de Morales de legalizar autos usados ingresados de contrabando a Bolivia fue criticada en Brasil. El secretario de Seguridad Pública del estado de Rondonia, fronterizo con Bolivia, Marcelo Bessa, declaró ante una comisión legislativa en su país que la norma boliviana puede alentar la delincuencia ya que "normalmente los vehículos robados son moneda de trueque para la droga que ingresa a Brasil".

La mayoría de los 128.000 vehículos que se registraron para la legalización son coches usados y descartados en otros países pero tienen gran demanda en Bolivia por su precio bajo. Ingresan desde la zona franca del puerto chileno de Iquique. Entre ese lote puede haber coches robados que las autoridades bolivianas intentan identificar para devolverlos.

Los dueños de los autos contrabandeados pagarán multas e impuestos que permitirán al Estado captar ingresos.

La amnistía también fue criticada en el país porque contradice una norma anterior del propio Morales que prohibió ese comercio. El mandatario dijo hace casi dos años que no quería convertir a Bolivia en un "basurero de chatarra".