En la elección de los máximos magistrados de Bolivia en octubre próximo, el Tribunal Electoral, dominado por partidarios del presidente Evo Morales, tendrá el monopolio de informar sobre los datos personales y los méritos de los candidatos, y restringirá la labor da la prensa.

Según el reglamento enviado hoy a los corresponsales de medios extranjeros, el Tribunal Electoral "es la única instancia autorizada para la gestión, elaboración y difusión de la información oficial de los datos personales y méritos de las y los candidatos, durante los cuarenta y cinco (45) días previos al día de la votación".

El control llega hasta el punto de que "la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral definirá la cantidad máxima de caracteres disponibles para que las y los candidatos adecúen sus datos personales y méritos a este parámetro".

Hasta las fotografías de los candidatos a magistrados, según el reglamento aprobado por una Asamblea en la que hay dos tercios de afines a Morales, tendrán que estar "de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas por el Órgano Electoral".

"Ninguna persona individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda electoral a favor o en contra de uno o varias candidatas o candidatos", bajo amenaza de sanción penal, añade el reglamento aprobado por el oficialismo y criticado por la oposición.

Si los medios de comunicación bolivianos quieren entrevistar a un candidato, deberán solicitarlo públicamente, con al menos 48 horas de anticipación, y además no podrán difundir resultados de encuestas o sondeos preelectorales.

Aparte de las quejas de la oposición y la prensa por las restricciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó dudas al Tribunal Electoral sobre la libertad de expresión, el derecho al voto nulo y la falta de fiscalización de las elecciones de los máximos magistrados del país.

Parte de la oposición plantea el voto nulo ante lo que consideran unas elecciones condicionadas y manipuladas por Morales y sus partidarios para "copar" el Poder Judicial, pero el oficialismo y el Tribunal amenazan con penalizar esa opción, ante el riesgo de que muestre un castigo al Gobierno.

El representante de la OEA, el exministro chileno Enrique Correa, dijo la semana pasada que le preocupa que no haya fiscalización en las mesas electorales el día de la votación, con la disculpa de que no son comicios "partidistas".