Un ex alcalde del balneario turístico de Cancún ha sido acusado de tráfico de cubanos hacia México, una imputación que se suma a otras por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La responsable del combate a la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), Patricia Bugarín, informó el miércoles que el ex alcalde Gregorio Sánchez permanecerá en libertad mientras se resuelve la solicitud de una orden de aprehensión, aunque deberá utilizar un brazalete electrónico para evitar que salga de la ciudad de México y evada a la justicia.

Sánchez, que se dice inocente, había sido detenido en 2010 bajo acusaciones de lavado de dinero y vínculos con los carteles de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, aunque hace unos días un tribunal ordenó su liberación y prácticamente de inmediato fue retenido nuevamente por la PGR.

El político fue detenido en medio de su campaña por el gobierno de Quintana Roo, el estado donde se encuentra Cancún. Su arresto generó acusaciones de motivos políticos contra el Partido de la Revolución Democrática, el mayor grupo de izquierda por el que contendía.

Bugarín dijo que fue retenido porque aún se le investiga por narcotráfico, además de que la PGR solicitó a un juez su arresto por tráfico de cubanos.

Refirió que Sánchez habría incurrido en el tráfico durante su periodo como alcalde de Cancún, entre 2002 y 2008, y que otras personas estarían involucradas, pero se abstuvo de dar la información porque hay un proceso de investigación abierto.

"Soy un hombre íntegro", dijo el ex alcalde a periodistas tras salir de las instalaciones de la PGR en la capital mexicana donde permanecía retenido.

Según Bugarín, es la primera vez en la historia de la procuración de justicia mexicana que se solicita el uso de un brazalete de ese tipo para una persona bajo investigación.

Dijo que con el brazalete el ex alcalde podrá realizar cualquier actividad, salvo salir de la ciudad de México y su zona metropolitana. Añadió que el aparato es monitoreado vía satelital por la Policía Federal.

En los últimos años se comenzó a registrar un creciente tráfico ilegal de cubanos, lo que llevó a los gobiernos de México y Cuba a firmar en octubre de 2008 un acuerdo para repatriar a la isla a todos los migrantes de la isla que fueran sorprendidos sin autorización de estar en territorio mexicano.

Entonces, las autoridades señalaron que el tráfico alcanzaba hasta 10.000 cubanos al año, quienes pagaban a redes de traficantes entre 5.000 y 10.000 dólares. El gobierno de Cuba ha señalado que Estados Unidos incita la emigración ilegal de cubanos al darles trato de refugiados políticos.