La Procuraduría General colombiana impuso el martes una sanción de 16 años de "inhabilidad política" a un ex ministro de Agricultura y cercano colaborador del ex presidente Alvaro Uribe, por su presunta omisión en la celebración de contratos en un programa de subsidios agrícolas.

El anuncio fue hecho por el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez en su despacho ante la presencia de varios reporteros.

Ordóñez, que representa a la institución encargada en Colombia de velar por los intereses de la sociedad y que puede aplicar sanciones disciplinarias como la suspensión o destitución de funcionarios públicos en ejercicio como de ex funcionarios, dijo que sobre el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, pesan cuatro acusaciones por violar "principios de transparencia" al intervenir y aprobar contratos que presuntamente fueron suscritos sin hacer estudios previos y sin procesos de licitación u oferta pública.

La sanción impuesta a Arias, que puede ser apelada ante la misma Procuraduría, impide que el ex ministro se postule a cargos públicos durante 16 años.

Arias, un economista de 38 años, quien debido a su defensa, fidelidad y afinidad ideológica con el ex presidente Uribe (2002-2010) era apodado 'Uribito', ha negado que cualquier irregularidad haya ocurrido en la adjudicación de esos contratos.

"Acato con humildad y tranquilidad su decisión", dijo el ex ministro Arias en un comunicado enviado a The Associated Press. Sin embargo, agregó que no compartía el fallo y que lo apelaría.

En la misma decisión, la Procuraduría sancionó a otros 10 funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Agricultura por el mismo caso de los subsidios, pero la inhabilidad impuesta a Arias fue la más alta porque los demás trabajadores recibieron sanciones que van de los dos meses a los 11 años, según el texto de la decisión publicado por la Procuraduría.

La ex senadora del Partido Liberal y ex ministra de Agricultura, Cecilia López, fue la primera en realizar un incisivo debate legislativo en 2009 sobre las políticas y planes del Ministerio de Agricultura a propósito de un terreno que iba a ser entregado y parcelado a familias desplazadas y cuya destinación se modificó por ese organismo.

El controversial terreno, llamado "finca Carimagua", es propiedad de la Nación y cuenta con un total de 21.000 hectáreas de las cuales 17.000 se entregaron a 500 familias en marzo pasado, mientras 1.800 ya estaban en manos del Ejército para una pequeña base militar y 3.200 están destinadas a estudios de suelo y tierras por parte de la oficial Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).

En la finca, el gobierno del actual mandatario Juan Manuel Santos y el sector privado --así como gremios de ganaderos y palmicultores-- apoyan financieramente a las familias para la producción de palma, caucho, yuca y plátano, pero aún no se contabiliza cuánto puede costar ese proyecto, según ha dicho Juan Manuel Ospina, gerente del oficial Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Durante el debate, López también se refirió a la entrega de estos subsidios y dijo a la AP que ese programa estaba "perversamente diseñado" para favorecer a grandes empresarios.

"Las condiciones puestas eran imposibles de cumplir para un campesino", dijo López. Añadió que de acuerdo con el programa, antes de recibir el subsidio el aspirante debía presentar un estudio de suelos, de impacto ambiental y de viabilidad financiera.

"No creo que él (Arias) se quedara con la plata... pero habría que investigar si fue para favorecer a posibles financiadores" de su campaña electoral, dijo.

Hasta ahora la sospecha de las autoridades es que Arias sí conocía que terratenientes dividieron, en el papel, los terrenos de sus fincas para así poder optar a mayor cantidad de subsidios y, por tanto, de dinero.

Arias lo niega y ha sostenido que por personas que actuaron presuntamente de mala fe, no se podía responsabilizar al Ministerio.

Para el analista político Rafael Nieto, ni a Arias ni a ninguno de los ex funcionarios del Ministerio de Agricultura se les puede acusar de haber participado "en actos de corrupción porque no se robaron un peso".

En su opinión, ni Arias ni sus otrora subalternos se concertaron con familias de la costa del Caribe colombiana, como se investiga por parte de las autoridades judiciales, para defraudar al Estado a través del programa de subsidios.

"Si a mí me dicen que hay pruebas de que Andrés Felipe Arias se concertó (para defraudar al Estado)... eso, aunque discutible, es un tema distinto, pero es que eso nunca sucedió", dijo Nieto en diálogo telefónico.

Arias fue nombrado viceministro de Agricultura en 2004 y al año siguiente asumió como titular de esa cartera.

Tras la reelección de Uribe, Arias fue ratificado en el cargo y renunció en febrero de 2009 para aspirar a la nominación presidencial representando al Partido Conservador.

El ex ministro, sin embargo, perdió en votación abierta e interna de los miembros y simpatizantes de ese partido frente a su rival, la ex canciller Noemí Sanín.

El ex ministro tiene pendiente en la Fiscalía General de la Nación una investigación penal y enfrenta la posibilidad de que se le formulen cargos y se pida su detención.

En junio pasado, la fiscal general Viviane Morales pidió la celebración de una audiencia ante un tribunal penal en Bogotá para formular cargos y pedir la detención del ex ministro Arias.

Esa audiencia está prevista para el próximo jueves 21 de julio, de acuerdo con la Fiscalía.

La Fiscalía ha dicho que los delitos que le imputará a Arias son el de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales" y "peculado por apropiación a favor de terceros".

De ser hallado culpable de peculado, Arias podría purgar al menos seis años de prisión.

El programa por el que fue inhabilitado Arias por la Procuraduría es llamado "Agro Ingreso Seguro", un plan del Ministerio de Agricultura que otorgaba subsidios y que, según denuncias surgidas en la prensa, fueron otorgados no a pequeños y medianos campesinos y agricultores, como estaba previsto, sino a grandes empresarios en contratos con presuntas irregularidades.

De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades detectadas en la investigación suman en su conjunto unos 169 millones de dólares.