El suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno, el segundo funcionario de elección popular más importante del país después del presidente, dijo el lunes que no renunciará y que no le quita el sueño que las autoridades prorroguen la extensión de su ausencia al frente de la capital colombiana.

El 3 de mayo la Procuraduría General, una instancia encargada en Colombia en velar por el bien del patrimonio público y que puede aplicar sanciones como la suspensión o destitución de un funcionario, suspendió por tres meses a Moreno por presunta omisión en la vigilancia de la ejecución de millonarios contratos de obras públicas en Bogotá.

"Si el Procurador amplía (la suspensión)... que la amplíe", dijo Moreno en una entrevista con la radio Caracol. "Ya no nos trasnocha", agregó.

Al ser consultado sobre si renunciaría, como han sugerido incluso sectores de su propio partido, Moreno sólo replicó con un tajante "no".

"Yo estoy absolutamente seguro que no voy a ir a la cárcel", dijo Moreno, miembro del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo. "Nunca he cometido un delito. Jamás transgredí la ley penal", aseguró.

Aún se espera una decisión de la Fiscalía General en el caso del suspendido alcalde, quien es reemplazado por Clara López, miembro del Polo y quien ya había trabajado con Moreno en la alcaldía. Las elecciones regionales para elegir nuevos alcaldes y gobernadores en todo el país serán en octubre y quienes resulten elegidos asumirán el 1 de enero de 2012.

La Fiscalía dispuso a inicios de año la captura del hermano de Moreno, el senador Iván Moreno, quien está en prisión desde abril por supuestamente haber cobrado comisiones a empresas constructoras para otorgarles los contratos de ejecución de obras en esta capital, de ocho millones de habitantes, primer centro electoral del país por la extensión de su población y por ser una vitrina política para los aspirantes a la presidencia.

Los hermanos Moreno, nietos del ex presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), han negado incurrir en cualquier ilegalidad.

Según la Fiscalía, en los irregulares contratos para obras de infraestructura, como vías en Bogotá, el erario fue desfalcado en unos 2,2 billones de pesos (unos 1.222 millones de dólares).