La Fiscalía pidió 25 años de cárcel para cinco exjefes militares y dos exministros del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada por la matanza de más de 60 personas en la represión de manifestaciones en 2003, en el caso conocido como "octubre negro", informó hoy un fiscal del caso.

Los acusados son los exministros Adalberto Kuájara y Erick Reyes Villa, el almirante Luis Alberto Aranda y los generales Roberto Carlos Flores, Gonzalo Rocabado, Juan Veliz y José Quiroga Mendoza, dijo a Efe el fiscal Milton Mendoza.

Agregó que los siete fueron imputadas por el delito de "masacre", que está penado con 20 años, y que además vulneraron otros derechos, por lo "que también deben ser sancionados".

"Se debe sancionar a estas personas con la pena máxima (de 25 años) porque se trata de delitos graves (...) Además, quienes cometieron esos delitos fueron las más altas autoridades de un Gobierno", justificó el fiscal.

El caso es conocido como "octubre negro" por haber estallado en ese mes de 2003 en las ciudades de La Paz y El Alto, donde los militares causaron más de 60 muertes al reprimir protestas sociales.

Aquellos sucesos llevaron a Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a abandonar Bolivia antes de concluir su segundo mandato, y desde entonces reside en Estados Unidos.

La Fiscalía pidió hace tres años la extradición de Sánchez de Lozada y otros exministros que están fuera de Bolivia, porque no pueden ser juzgados en ausencia, pero el Tribunal Supremo de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre esa petición.

Se espera que el tribunal que sigue el caso dicte sentencia sobre los cinco exjefes militares y los dos exministros esta semana, con lo que se sentará, según Mendoza, un precedente para que los gobernantes "lo piensen dos veces" antes de vulnerar los derechos humanos y usar a los militares para reprimir protestas sociales.