El funcionario responsable del control de las armas de fuego en Estados Unidos reconoció que en al menos un caso, durante una polémica investigación sobre el contrabando de armamento a México, sus agentes dejaron pasar pertrechos de gran calibre cuando pudieron y debieron haberlos interceptado.

El director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Kenneth Melson, es el primer alto funcionario de la agencia que admite algunas de las críticas que legisladores republicanos han hecho contra la Operación Rápido y Furioso.

La controversia de la operación — realizada por la oficina conocida como ATF por las siglas en inglés — provocó que se programaran audiencias en el Congreso y una investigación del Departamento de Justicia.

Las declaraciones de Melson fueron mencionadas en una carta enviada el lunes al secretario de Justicia, Eric Holder, por dos legisladores republicanos: el senador Chuck Grassley y el representante Darrell Issa.

Melson aceptó las fallas durante un interrogatorio a puerta cerrada realizado a principios de mes por investigadores del Senado y de la Cámara de Diputados que trabajaban para los dos legisladores republicanos. La misiva contenía pasajes del testimonio de Melson.

La operación, según la ATF, fue creada para seguirle el rastro a compradores de armas de poco monta a fin de llegar a grandes traficantes de armamento en la frontera de Estados Unidos con México.

Los detractores aseguran que se le perdió el rastro a 1.800 armas detectadas en la operación y que dos tercios de ese armamento están posiblemente en México.

Hace un mes, tres agentes de la ATF dijeron en una audiencia legislativa que varias veces se les ordenó hacerse a un lado cuando compradores de armas de Arizona pasaran con fusiles AK-47 y otro armamento de grueso calibre para los cárteles mexicanos de la droga. Hasta ahora, 20 pequeños compradores de armas han sido acusados, pero la investigación continúa.

Según la carta, Melosa le dijo a los investigadores de los republicanos que, al surgir las críticas, asignó a un grupo especial de agentes para revisar la operación y que leyó todos los reportes de la indagación sobre la operación relacionados con un acusado.

"Los repasé y encontré RDI (reportes de investigación) que en efecto insinuaban que pudo haber ocurrido la interrupción, y posiblemente debió haber ocurrido, pero no ocurrió", afirmó.

Agregó que entregó los reportes del caso a superiores "porque para mí eso era una evidencia contundente" de fallas que debían analizarse.

También consideró que el Departamento de Justicia ha sido lento en la preparación de documentos solicitados por los legisladores e indicó que "le estaban haciendo más daño que nada" a ese organismo.