Los homicidios del ministro colombiano de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y del extitular de la misma cartera Enrique Low Murtra fueron declarados crímenes de lesa humanidad por un fiscal de Bogotá, informaron hoy fuentes judiciales locales.

La decisión la adoptó un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General para evitar la prescripción de la acción penal sobre ambos casos, que fueron atribuidos al desaparecido cartel de las drogas de Medellín.

Lara Bonilla fue asesinado en la capital colombiana el 30 de abril de 1984 cuando ejercía como ministro de Justicia en el Gobierno del entonces presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986).

El crimen fue cometido por sicarios de Pablo Escobar, en el considerado primer magnicidio ordenado por este fallecido capo, y el caso llevó a Betancur a poner en vigor la extradición a Estados Unidos de presuntos narcotraficantes y lavadores de activos.

Mientras, Low Murtra fue tiroteado también por pistoleros de Escobar el 30 de abril 1991 en Bogotá tras haber sido titular de Justicia de 1987 a 1988, en el Ejecutivo del ahora expresidente liberal Virgilio Barco (1986-1990).

La fiscalía explicó en un comunicado que, según el fiscal de ambos casos, "estos crímenes hicieron parte de un plan sistemático y generalizado que desarrollaron grupos del narcotráfico para eliminar a dirigentes políticos, periodistas y personajes de la vida nacional que desde sus diferentes ámbitos se opusieran al ilícito negocio".

Lara Bonilla y Low Murtra fueron asesinados en una época en la que el cartel de Escobar mantenía una guerra contra el Estado que se recrudeció a finales de la década de los años ochenta del siglo pasado y los primeros del decenio siguiente.

La campaña criminal dejó centenares de muertos y heridos, tanto en asesinatos selectivos, como en actos terroristas, entre ellos contra un avión comercial en vuelo con más de un centenar de ocupantes.

El caso de la aeronave, destruida el 27 de noviembre de 1989, ya había sido declarado de manera previa crimen de lesa humanidad, así como un atentado contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) que causó cincuenta muertos el 6 de diciembre de 1989.

El mismo fiscal reiteró la condición de imprescriptibilidad de estos dos ataques, así como del atentado de 1989 que destruyó la sede del diario El Espectador, de Bogotá, y de los asesinatos del procurador general, Carlos Mauro Hoyos, en enero de 1988, y del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán, en julio de 1989.

El carácter de crimen de lesa humanidad también ha alcanzado los casos de secuestro del ahora expresidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002), hecho cautivo en enero de 1988; de Luz Marina Montoya, retenida y asesinada en 1990, y de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, tomadas como rehenes en 1989.

Todos ellos son casos atribuidos, en general, al llamado por entonces grupo de Los Extraditables, encabezado por el capo Escobar, muerto por policías en diciembre de 1993 en Medellín tras varios años de fuga.