La mayoría de los centros médicos de Costa Rica amanecieron el martes con su personal en paro de labores luego de fracasar la noche previa un nuevo intento de negociación con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Los servicios de farmacia, enfermería, laboratorios, los administrativos y la atención médica en general sufrieron afectaciones en hospitales y clínicas. También pararon las lavanderías y cocinas, obligando a la CCSS a la contratación de empresas privadas.

En los mayores hospitales en la capital los empleados repartieron volantes en las afueras con información sobre los motivos de su protesta. El principal es la decisión de la Caja de eliminar el pago del 100% del salario cuando un empleado se incapacita, cuando el resto de trabajadores público percibe solo el 60% al dejar de trabajar por enfermedad.

La Procuraduría de la República exigió que la CCSS varíe ese pago, que el año pasado le representó a la institución un gasto de 11,6 millones de dólares.

"Solo nos atacan por el tema de incapacidades pero eso no es lo que ha provocado esta crisis", manifestó a la prensa Luis Chavarría, de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca). Destacó que el estado le debe a la Caja cerca de 1.456 millones de dólares, aunque el gobierno ha mencionado que son 270 millones de dólares.

En la caja se estima un déficit de 184 millones de dólares para este año y que aumentaría a 626 millones de dólares para el 2015 según en reciente estudio de la Organización Panamericana de la Salud si no se toman medidas para bajar los gastos.

La huelga podría extenderse de forma indefinida entre los unos 45.000 empleados del seguro social.

Unos pocos usuarios que llegaron a sus citas lamentaron la huelga porque algunos viajaron desde sitios alejados. "A mi me habían dicho que todo estaría normal, que viniera y vea, encuentro todo cerrado", dijo Héctor Méndez en las afueras del hospital Calderón Guardia.

"No es el momento para hacer llamados a huelga, esto se solucionará trabajando, no haciendo paro", expresó la gerente médica de la Caja, Rosa Climent en rueda de prensa.

Mientras Climent afirmó que los tres hospitales más grandes están trabajando "adecuadamente", los sindicatos aseguran que el apoyo general llega al 90%.

La funcionaria advirtió que pedirán al ministerio de Trabajo una declaración de ilegalidad de la huelga, que también provocó problemas viales porque algunos sindicalistas marcharon por calles de la ciudad.

La ministra de Salud, María Luisa Avila, recordó que la atención de emergencias no puede suspenderse, por lo que si comprueban casos, esa cartera podría emitir una orden sanitaria que obligaría a dar la atención bajo posible acusasión ante la fiscalía.

Aunque hubo intentos de negociación el sábado y el lunes, las posiciones no variaron: los sindicalistas no cederán en el tema de incapacidades ni tampoco la Caja, a pesar que Climent reconoció que los privilegios a los empleados no son la única causa de la crisis, sino que se le suman el tema de la deuda estatal, los precios de los medicamentos y los equipos.

En un intento por frenar la medida de presión y dar una solución temporal a la situación financiera de la Caja, la presidenta Laura Chinchilla anunció la semana pasada la transferencia de alrededor 170 millones de dólares que corresponden a pagos que debía hacer su gobierno en los próximos tres años. El gesto no causó ningún impacto entre los sindicatos.