La fiscalía de Bolivia solicitó 25 años de cárcel para cinco ex comandantes de las fuerzas armadas y dos civiles por la muerte de 63 manifestantes durante una revuelta popular en 2003 que derivó en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El Fiscal General Mario Uribe solicitó la pena al tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio en la Corte Suprema, al finalizar el lunes los alegatos finales, informó en un comunicado la Fiscalía.

Los procesados son el general Roberto Claros, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento;Gonzalo Rocabado, ex jefe del Estado Mayor, Juan Véliz, ex jefe del Ejército; el Almirante Luis Alberto Aranda, ex jefe de la Armada y Osvaldo Quiroga, ex comandante de la Fuerza Aérea.

También están procesados los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara por los delitos de "genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas y privación de libertad".

En sus alegatos los jefes militares han señalado que ellos obedecieron órdenes.

De los cinco ex comandantes, sólo Véliz se halla detenido, los otros, incluyendo los dos ex ministros enfrentan el proceso en libertad.

El juicio comenzó hace poco más de dos años y se llevó adelante sin la presencia de Sánchez de Lozada, el principal imputado y de 15 de sus ex ministros. Todos ellos viven fuera del país y fueron declarados en rebeldía judicial y no pueden ser juzgados en ausencia.

"La acusación está respaldada por abundante prueba. Se presentaron 328 testigos entre autoridades nacionales de aquella época, sacerdotes, periodistas, policías, militares, médicos, investigadores, peritos dirigentes sindicales, dirigentes campesinos y principalmente los testimonios de las víctimas y de familiares de los fallecidos", dijo la Fiscalía.

Sánchez de Lozada vive en Estados Unidos y las autoridades han solicitado su extradición. El ex mandatario ha dicho antes a través de sus representantes que se trata de un juicio político y que los jueces actuales no garantizan un debido proceso.

Al igual que los militares, Sánchez de Lozada también está acusado de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta. En su primer gobierno de 1993 a 2007 llevó adelante reformas liberales y privatizó empresas públicas pero no pudo concluir su segunda gestión iniciada en 2002 y dimitió un año después en medio de una severa crisis política tras la masacre ocurrida en octubre de 2003.

El ex gobernante ordenó a los jefes militares de entonces desbloquear una ruta que había permanecido 17 días tomada por manifestantes impidiendo el ingreso de carburantes y alimentos a La Paz.

Los manifestantes rechazaban la exportación de gas natural por puertos de Chile.