El presidente dominicano Leonel Fernández sugirió el jueves a los países centroamericanos destinar parte de los recursos confiscados al crimen organizado para gratificar a los policías que actúen en los operativos antidrogas.

El gobernante explicó que la distribución de un porcentaje del dinero decomisado a narcotraficantes ayudaría a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los agentes y con ello a reducir la vulnerabilidad de la policía, mal pagada en toda la región, ante la penetración de los cárteles.

"Si no tenemos con qué pagar (a los policías), que nos paguen los delincuentes" a través de las confiscaciones, insistió el gobernante.

Fernández y su similar hondureño Porfirio Lobo encabezaron en Santo Domingo la inauguración del foro "Integración, seguridad ciudadana y desarrollo regional" organizado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El mandatario dominicano recordó que un obstáculo en su país y en Centroamérica para mejorar la eficiencia de la lucha antidrogas es la insuficiencia de personal policial para mantener el control del territorio.

Los bajos salarios convierten a los agentes policiales en "presa fácil" de los cárteles.

Estimó que debido a la corrupción, el 90% de los casos de narcotráfico en la región queda impune.

El presidente hondureño, cuyo país tiene el índice de homicidios más alto de Centroamérica y del Caribe, promovió la creación de programas "municipio seguro" para reducir la violencia y establecer planes para eliminar las condiciones que propician el delito, como la pobreza y desigualdad

Insistió en la necesidad de crear una estrategia regional de lucha antidrogas a largo plazo, que incluya políticas integrales de desarrollo, de fomento a la educación y con visión de género.

El panameño Dorindo Cortez, presidente del Parlacen, subrayó sin embargo que el enemigo principal en la lucha contra el narcotráfico es "la falta de cultura de integración" en el istmo centroamericano y el Caribe.

Con un población de unos 42 millones de habitantes, Centroamérica tiene una tasa de 33,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la más alta de Latinoamérica y del mundo, y la violencia vinculada al narcotráfico deja pérdidas equivalentes al 8% del PIB regional, según cifras Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo.