Las autoridades de Estados Unidos deberían garantizar que los trabajadores sin autorización para residir en el país tengan iguales condiciones laborales que el resto, para así preservar la calidad de otros empleos, recomendó una organización especializada en un reporte difundido el jueves.

El Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés) sostiene en su informe "Aplicación de estándares laborales e inmigrantes de bajos ingresos: La creación de un sistema efectivo" que la presencia de trabajadores en situación vulnerable, incluyendo aquellos que entraron al país sin autorización, influyen en el cumplimiento de los estándares laborales tanto como la necesidad de las empresas por reducir costos.

"Pero limitaciones presupuestarias, a nivel federal y estatal, limitan la capacidad de los entes gubernamentales para llevar a cabo sus funciones", advierte el documento, que compara la aplicación de estándares laborales durante los gobiernos de los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama en sectores con gran concentración de inmigrantes de bajos ingresos, tales como comida rápida, textil y agrícola.

El vicepresidente de programas de MPI Donald Kerwin dijo que "pese al consenso amplio de que los patronos con gran concentración de trabajadores no autorizados son más propensos que otros a violar leyes laborales, sanitarias y de seguridad, no ha habido un estudio integral en años recientes de patronos que violan leyes migratorias y de los que violan leyes laborales".

"Ese estudio debe realizarse, y sus conclusiones deben convertirse en la médula de la planificación para la aplicación por parte de reguladores estatales y federales", agregó Kerwin, autor del informe sobre estándares laborales, que incluye estadísticas recolectadas por MPI sobre la aplicación de estándares laborales en: Carolina del Sur, Dakota del Norte, Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Masachusets, Nueva Jersey, Nueva York, Tenesí, Texas y Washington.

"No son perfectos, pero los estándares federales laborales representan metas nacionales de larga data. El hecho de que muchos inmigrantes no autorizados trabajen en empleos no cubiertos por estos estándares los coloca en situación de riesgo, devalúa los salarios y las condiciones laborales de otros empleados — estadounidenses nativos o inmigrantes — y debilita en su conjunto el sistema de aplicación de estándares laborales federales", señaló Kerwin.

El reporte recomienda además al Congreso extender protecciones laborales a grupos de trabajadores actualmente desprotegidos y a trabajadores no autorizados y fortalecer las sanciones a las violaciones de estándares laborales, con el objetivo de promover su cumplimiento.

El documento explica que la ley federal vigente de estándares laborales (Fair Labor Standards Act), que ampara a 135 millones de empleados en sector privado y público a nivel estatal y local, estipula el salario mínimo nacional, el pago por sobretiempo, el manejo de libros contables y regula el trabajo de menores de edad.

Pero margina a algunos trabajadores domésticos, jornaleros y trabajadores temporales y recreacionales de los requisitos sobre salario mínimo y sobretiempo y excluye del sobretiempo a un amplio espectro de otros trabajadores. Además, permite que niños trabajen en labores agrícolas.

También señala que la ley sobre seguridad y sanidad laboral (Occupational Safety and Health Act), que cubre a 114 millones de trabajadores en 7,5 millones de empresas privadas y 200.000 obras de construcción, no incluye a los empleados domésticos ni a las granjas con menos de 10 empleados.

Mark Krikorian, director del Centro para Estudios Migratorios (CIS por sus siglas en inglés) que apoya mayores controles migratorios, calificó el reporte de MPI como "la continuación de una larga tendencia de personas que realmente no quieren la aplicación de leyes migratorias y buscan quitarle atención".

"Si está bien que los estados y municipios ayuden al gobierno federal a aplicar las leyes laborales, ¿por qué no está bien que ayuden a aplicar las leyes migratorias?", se preguntó Krikorian. "¿Cuál es la diferencia? Ambas son leyes federales".

Krikorian también alegó que la aplicación de leyes migratorias propicia el cumplimiento de leyes laborales, porque "conduciendo redadas migratorias consigues todo tipo de información (sobre empresas infractoras) que no habrías hallado de otra manera".