El juez español Baltasar Garzón coordina la elaboración de un diagnóstico sobre la ley que regula la reinserción de miles de paramilitares en Colombia, informó hoy la misión de la OEA que apoya el proceso de paz en este país.

Garzón asumió la tarea por encargo del jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP, de la OEA), Marcelo Álvarez, cuya oficina cuenta con el jurista como asesor desde mayo pasado.

En un comunicado difundido en Bogotá, la MAPP explicó que el letrado coordina un equipo que deberá presentar un diagnóstico sobre la llamada Ley de Justicia y Paz.

La normativa fue adoptada a mediados de 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desarmaron de 2003 a 2006, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El Ejecutivo postuló a 3.000 de ellos para la aplicación de dicho marco jurídico, que establece penas alternativas de 5 a 8 años de prisión para responsables de delitos atroces.

Sin embargo, la jurisdicción de justicia transicional solo ha imputado cargos a 400 exparamilitares y condenado a 4.

El diagnóstico deberá servir "como instrumento de trabajo, para que desde las instancias que corresponda se tomen las medidas necesarias para fortalecer y dinamizar el proceso de Justicia y Paz", agregó la MAPP.

El fin, continuó, será el de "garantizar el derecho fundamental de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y la seguridad jurídica de los diferentes actores del proceso".

Un total de 40 funcionarios de la MAPP apoya a Garzón en esta tarea, que comprende reuniones con integrantes de instituciones del Estado, representantes de organizaciones sociales, exintegrantes de grupos armados que están presos y líderes comunitarios, de indígenas, campesinos y afrodescendientes.

El diagnóstico sobre la normativa jurídica es uno de los seis proyectos que Garzón lidera de manera personal en Colombia por delegación del jefe de la MAPP, establecida en 2004 por un convenio entre la OEA y el Gobierno del país.

Los otros cinco están relacionados con la cooperación entre la MAPP, la sociedad civil y los líderes comunitarios, la creación y desarrollo de equipos de trabajo para dicha cooperación, la creación de un centro de documentación, y la participación y seguimiento del desarrollo del conflicto armado y los procesos de paz en el país.