El no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó que prepara la demanda contra El Salvador por una serie de masacres en al menos cinco poblados perpetrada por el ejército durante un operativo que se extendió del 9 al 14 de diciembre de 1981.

La matanza conocida como la de El Mozote, una comunidad del departamento de Morazán ubicada a unos 180 kilómetros al este de San Salvador y de la cual solo sobrevivió una mujer, Rufina Amaya, fallecida en el 2007.

"Además se incluyen en la demanda (lo ocurrido en) otros poblados como Cerro Pando, La Joya, Los Toriles y Arambala. En total y hasta ahora tenemos un registro de 966 personas que fueron asesinadas, casi la mitad menores de edad y cientos que fueron desplazados", explicó el jueves a la AP la abogada encargada del caso, Gisela de León.

Para Cejil, el caso representa una de las mayores masacres registradas en Latinoamérica, no solo por la cantidad de víctimas, sino además por las características que tuvo la misma pues fue indiscriminada. "Hace unos meses incluso se encontraron más restos en la zona", agregó.

El caso fue trasladado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte en marzo, por lo que Cejil tiene como plazo para presentar la demanda hasta el 14 de agosto y la CorteIDH la remitirá en su momento al estado salvadoreño.

De León reconoció que tienen muchas expectativas por la respuesta que vaya a dar el actual gobierno del presidente Mauricio Funes, quien llegó al poder por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que aglutinó a las guerrillas activas durante el conflicto interno 1980-1992.

"No sabemos cuál será la posición oficial de este gobierno, porque cuando se gestionó el caso en la Comisión Interamericana, las anteriores autoridades ni siquiera reconocían que la masacre se hubiera dado... ciertamente podría darse un acuerdo previo pues la actitud de este gobierno es diferente", comentó la abogada.

Recordó que en otro caso ante la Corte por la desaparición forzada de varios menores, el Estado se allanó en casi todos los puntos.

"La Corte solo se pronunciará sobre la falta de justicia pues El Salvador reconoció la competencia contenciosa de la Corte hasta en 1995, pero sí podría obligar al país a no aplicar la ley de amnistía en este caso y a que se identifiquen los responsables... la idea es que las víctimas vean reconocida su verdad, son personas que reviven los hechos día a día y deben ser reivindicadas", apuntó De León.

Cejil además ha logrado encontrar a 150 familiares de las víctimas, y de ellos más de 90 ya han aceptado que la organización los represente en el proceso en la Corte.

"Esto no es para abrir heridas, lo que pasa es que las heridas nunca se cerraron, nunca hubo un proceso de reconciliación real, las víctimas nunca se sintieron reparadas", puntualizó De León.

De acuerdo a datos de la ONU, en la guerra civil salvadoreña se registraron al menos 75.000 víctimas, entre muertos, desaparecidos y torturados.