Dos ex militares fueron condenados el jueves a cadena perpetua y cinco ex guardiacárceles recibieron penas de entre 18 y 22 años de prisión por 156 delitos de lesa humanidad perpetrados en el "El Vesubio", uno de los más crueles centros de detención de la última dictadura en Argentina.

El Tribunal Oral Federal N 4 de la capital dispuso esa pena contra el ex general Héctor Gamen y el ex coronel Hugo Pascarelli por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a disidentes políticos en este centro situado en el municipio bonaerense de La Matanza.

El juicio comenzó en febrero y forma parte de una investigación más amplia sobre los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

En tanto que las penas para los ex agentes del servicio penitenciario fueron: Roberto Zeolitti (18 años de cárcel), Ricardo Martínez (20 años), Ramón Erlán (20 años y seis meses), Diego Chemes (21 años y seis meses) y José Maidana (22 años y seis meses) por imposición de tormentos agravados por condición de perseguidos políticos de la víctima y privación ilegítima de la libertad.

En los dos primeros casos los jueces atendieron el pedido de condena de la fiscalía, pero no en el caso de los ex guardiacárceles, por los que se habían solicitado 25 años de prisión.

Las sentencias pueden ser apeladas ante la Cámara Nacional de Casación Penal y "de forma excepcional podría intervenir la Corte Suprema de Justicia, en el caso de que se demuestre una violación grave a los derechos de los imputados", señaló a AP el abogado Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El coronel retirado Pedro Alberto Durán, jefe de "El Vesubio" y quien según testigos solía violar a las prisioneras y convivía con varias de ellas en dependencias del lugar, también estaba enjuiciado pero murió en junio.

Por este centro que dependía del Primer Cuerpo del Ejército pasaron "unos 2.500 detenidos, de los cuales sobrevivieron muy pocos", señaló el abogado Borda. Dijo que a partir de diversos testimonios se ha demostrado el pésimo trato que los prisioneros recibían de los carceleros.

"Los detenidos estaban encapuchados y encadenados y los guardias no les daban casi de comer", señaló.

"El Vesubio" funcionó entre 1975 y 1978 en un predio del Servicio Penitenciario Federal. Inició sus actividades incluso un año antes del golpe de Estado, cuando la guerrilla y distintas agrupaciones peronistas eran reprimidas.

Algunos de los que desaparecieron en ese lugar son el reconocido dibujante y autor de historietas Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti.

Según testimonios de ex detenidas, en sus instalaciones también estuvieron secuestradas mujeres embarazadas que después eran trasladadas a un hospital de las dependencias del ejercito en la localidad bonaerense de Campo de Mayo para dar a luz. Los niños recién nacidos fueron en muchos casos apropiados por militares o personas afines al régimen de facto.

Las cifras oficiales señalan que fueron 13.000 los desaparecido bajo la dictadura (1976-1983), pero organismos de derechos humanos estiman que fueron unos 30.000 personas.

Otros juicios orales por violaciones a los derechos humanos se celebran en las ciudades de Bahía Blanca, Salta, Corrientes, Mendoza, Rosario y en la capital argentina.

En esta última tienen lugar el juicio oral por los asesinatos y desapariciones ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por la que pasaron 5.000 prisioneros. Además se realiza el que juzga el robo sistemático de hijos de desaparecidos, en el que está imputado el ex dictador Rafael Videla, quien ya cumple la pena de prisión perpetua por otros delitos de lesa humanidad.

En Buenos Aires y Salta también se desarrollan "juicios escritos" por casos de sustracción de menores, homicidios y privaciones ilegítimas de libertad, según la Procuración General de la Nación.

Durante 2011 ya han concluido 6 juicios orales. Además de los que están en desarrollo, se ha fijado fecha de inicio para cinco más a partir del 27 de julio.

Los procesos judiciales contra los represores de la dictadura se reactivaron después de que en 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, que beneficiaron penalmente a centenares de policías y militares.

En la actualidad 807 personas están en procesadas por delitos de lesa humanidad, según un informe de mayo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, al que tuvo acceso AP. Es el último actualizado sobre la materia.

Según la unidad, "si bien el número de condenados ha venido incrementándose en los últimos años (en particular durante el año 2010)", de las 212 personas que recibieron condenas desde el regreso de la democracia en 1983 hasta mayo de 2011 "sólo 40 cuentan con condena firme".

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La periodista de AP en Buenos Aires Débora Rey contribuyó con esta nota.