Organizaciones civiles nacionales e internacionales pidieron el miércoles que México traslade de inmediato al ámbito civil los casos en que miembros de las fuerzas armadas son investigados o procesados por violaciones a los derechos humanos y actualmente se tramitan en la justicia marcial.

El gobierno federal dijo que cooperará para aplicar en casos concretos un criterio jurídico de la Suprema Corte, aprobado por unanimidad el martes, el cual establece que los militares involucrados en violaciones a derechos humanos deben ser juzgados en tribunales civiles y no castrenses.

"El gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal", señalaron en un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, aunque no precisaron si buscarán que se aplique en casos actuales o en futuras violaciones.

Es "urgente e ineludible la remisión al fuero civil de los casos que hoy se ventilan en instancias castrenses", señalaron en un comunicado decenas de organizaciones civiles mexicanas, entre ellas el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, la resolución de la Suprema Corte "es un fallo espléndido, histórico" que si bien no permite decir que todo ha cambiado en México, sí abre el camino a un proceso con nuevas reglas.

"En este instante, una víctima que quiere que su caso sea debidamente investigado por el juez civil correspondiente, puede y debe invocar este fallo y solicitar que ese tribunal (civil) conozca la investigación e inicie un proceso", dijo Vivanco a la AP.

La Suprema Corte resolvió el martes por unanimidad de sus 10 ministros que los jueces mexicanos deben restringir el fuero militar conforme a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, la cual establece que no se debe aplicar en casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el criterio jurídico no es de acatamiento obligatorio, sino una recomendación.

Las ONG mexicanas señalaron que hay algunos casos de violaciones de derechos humanos a manos de militares que ya fueron motivo de otras sentencias de la CorteIDH, aunque aún siguen bajo conocimiento de instancias castrenses mexicanas.

"Los casos que están siendo conocidos por el fuero militar alcanza casos paradigmáticos como los de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera", señalaron las organizaciones.

Fernández y Rosendo son dos indígenas que fueron víctimas de abuso sexual por militares en el 2002, mientras que Montiel y Cabrera son campesinos que fueron detenidos y torturados por soldados en 1999. En ambos casos, la CorteIDH determinó que no obtuvieron justicia en las instancias mexicanas.

El fuero militar ha sido un tema de debate constante desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder en diciembre de 2006 y ordenó el despliegue de miles de tropas en las calles como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

Algunos de los militares involucrados en el combate al crimen organizado y el narcotráfico han sido acusados de violaciones a derechos humanos como disparar a civiles en retenes, realizar cateos y detenciones sin orden judicial. Hasta ahora, la mayoría de los casos son juzgados en tribunales castrenses.

En la historia reciente sólo se ha conocido de un caso en que militares involucrados en violaciones a derechos humanos hayan sido juzgados por tribunales civiles: tres soldados fueron sentenciados en 2007 por un juez civil por participar un año antes en la violación de 14 mujeres en el estado norteño de Coahuila, en un caso conocido como "Castaños", el nombre de la comunidad donde ocurrió.

Vivanco dijo que el caso Castaños fue "inusual" y una "excepción que confirma la regla", porque se debió más a presiones de autoridades locales que a una decisión propia de las fuerzas armadas.